La Contraloría General de la República emitió este miércoles un instructivo con motivo del Plebiscito Nacional de 26 de abril de 2020 que preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se redacte una nueva Constitución para Chile y también, en caso de que la respuesta sea positiva, cuál le gustaría que fuera el mecanismo que la escriba.
En este documento la entidad fiscalizadora superior del país pone especial énfasis en el rol de las autoridades y funcionarios públicos, a quienes ordena no hacer campaña política, ya sea por el apruebo o rechazo a la nueva Constitución, mientras realicen su trabajo habitual.
“Las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover o intervenir en campañas relativas a las posturas del plebiscito, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, o algunas las proposiciones plebiscitadas”, dijo la Contraloría.
“Al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios, en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”, aclara la entidad.
Contraloría además asegura que el Estado promueva la participación ciudadana en el referéndum no se opone a los principios de probidad y apoliticidad. Los ministerios de la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Social y Familia están autorizados para informar sobre las características del proceso y las posiciones plebiscitadas, siempre y cuando “se ejecute con la debida imparcialidad”.
En el instructivo además se asegura que es un “ilícito administrativo” usar recursos públicos, bienes fiscales, municipales o de cualquier entidad estatal para campañas políticas de cara al plebiscito del 26 de abril.
“Los medios de información de carácter institucional, tales como páginas electrónicas y redes sociales, solo pueden ser utilizados para emitir expresiones que digan relación con el funcionamiento del organismo respectivo”, explica el documento.
