El bullado caso La Polar escaló ahora al Tribunal Constitucional (TC). El organismo admitió a trámite este martes una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por la AFP Provida tras el fallo adverso emitido por el 26° Juzgado Civil de Santiago el 7 de octubre pasado, cuando rechazó en todas sus partes la demanda de la administradora en contra de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) por daños y perjuicios.
Tras ese fallo Provida presentó dos recursos: uno de apelación y otro de casación en la forma, que busca básicamente la nulidad formal del fallo por considerar que se faltó a algunos requisitos necesarios para el pronunciamiento final. Por esto mismo es que la AFP decidió presentar la acción en el TC.
Junto con admitir a trámite el procedimiento, el tribunal aceptó la solicitud de suspender los otros recursos, oficiando para ello al 26° Juzgado Civil de Santiago. Así, comenzó a correr el plazo de 10 días para que las partes presenten descargos y luego el TC decida si acoge finalmente el requerimiento o no, y se avance en la etapa de presentación de pruebas.
Hay que recordar que en la causa original, Provida buscaba una indemnización por perjuicio en contra de Pricewaterhouse Coopers ("PWC") por los daños sufridos en sus fondos de pensión derivados del “actuar negligente de PWC en su labor de auditoría externa e independiente de Empresas La Polar”, según reseña la demanda.
Provida explica en su requerimiento que conocidas las malas prácticas ocurridas al interior de La Polar, que se tradujeron en que sus Estados Financieros no reflejaran razonablemente la situación financiera y patrimonial de la compañía, parte de los fondos de pensión administrados por la administradora se encontraban invertidos en acciones y bonos de deuda del retailer. El perjuicio estimado en el escrito se sitúa en 3.042.309 Unidades de Fomento (UF), equivalente a unos US$ 118 millones al tipo de cambio actual.
