Este miércoles, la la Contraloría General de la República (CGR) emitió un pronunciamiento en torno a la polémica fusión entre Cuprum y Argentum, la que habría permitido a la AFP obtener un “goodwill” tributario de más de $80 mil millones.
En el dictamen de la entidad se impugna el proceso de fusión, pues Argentum no existía al momento de realizarse la operación, que según señalaron, "en si misma resulta impracticable".
Por ello, la Superintendencia de Pensiones (SP) emitió una declaración pública en la que afirman que el organismo "no declara ilegal la operación".
De acuerdo con la SP, la Contraloría "emite una opinión interpretativa sobre el concepto de conveniencia de constituir una AFP y sobre la condición suspensiva de la constitución de Argentum como AFP".
De todas formas, la superintendencia que encabeza Tamara Agnic argumentó que el dictamen "no establece ningún tipo de sanción a la SP respecto de su actuar en este proceso, lo que reafirma que no se existen irregularidades en la aplicación de la normativa vigente".
Además, la SP afirma que la Contraloría "confirma que la SP no asesoró a ninguna de las sociedades fusionadas, desestimando con ello los cuestionamientos que al respecto presentaron los parlamentarios que ingresaron al organismo contralor esta solicitud de pronunciamiento".
En esa línea, destacan que la Contraloría "ha puesto en los legisladores la responsabilidad de estudiar una reforma normativa, que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucren la participación de las AFPs".
Con todo ello, dicen que continuarán entregando todos los antecedentes necesarios para que el organismo pueda seguir el proceso.
Lo que viene
Tras conocer el fallo, los diputados de la DC -quienes solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría- anunciaron que mañana oficiarán al CDE para que demande la nulidad de derecho público de las acciones administrativas de la Superintendencia para dejar sin efecto la fusión.
Junto con esto, plantean que la continuidad de la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, es "insostenible".
El diputado DC Fuad Chahín comentó que “la Contraloría nos ha dado la razón; ya que la actuación de la superintendenta de Pensiones no se ajustó a derecho, y por lo tanto, es ilegal, pensando y actuando en función de los intereses de los dueños de las AFps y sin velar por los intereses de los afiliados".
En tanto, el diputado Patricio Vallespín agregó que “este dictamen, además de ratificar nuestras denuncias, las que están siendo indagadas en una comisión investigadora, otorga el piso jurídico necesario para seguir avanzando en la Justicia y lograr que este proceso efectivamente quede nulo".
