Inmediatamente luego de ser designados por Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, para encabezar las investigaciones del caso de espionaje en la Sofofa, Lorena Parra y Roberto Contreras iniciaron las diligencias.
Contreras se dirigió a la sede de la sociedad, en el tercer piso del edificio ubicado en avenida Andrés Bello 2777 y se entrevistó con el presidente de la gremial, Hermann von Mühlenbrock, quien además le entregó el material pedido, que no incluyó los micrófonos encontrados por la empresa de seguridad Profacis.
Por ahora, una de los mayores intereses de la Fiscalía es explicar la demora de una semana que tuvo la Sofofa para hacer público el asunto.
Fuentes cercanas a la gremial aseguran que podrán demostrar al Ministerio Público que cada uno de los siete días que pasaron entre la detección de la cámara en la oficina de Von Mühlenbrock y la presentación de la denuncia están justificados.
Según relatan, dos días después de que Profacis encontrara el dispositivo de espionaje, el viernes 19, su presidente se reunió con el abogado Juan Domingo Acosta, quien habría aconsejado someter a un peritaje los artefactos antes de recurrir a la Justicia.
Recién el jueves 25 a mediodía, el penalista y uno de los dueños de Profacis (Rubén Aros, un carabinero retirado) se juntaron para enterarse de los resultados del peritaje y, al día siguiente, el viernes 26, Von Mühlenbrock realizó la denuncia a título personal y en representación de la Sofofa.
Una fiscal de alto perfil
Lorena Parra asumió en la Fiscalía de Las Condes en noviembre de 2015 y desde entonces ha trabajado en varios casos de alto perfil, como el caso Penta.
En este, junto a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, presentó una acusación en contra de 36 personas y cuatro empresas involucradas, entre ellas Alberto Cardemil, Carlos Alberto Délano, Felipe de Mussy, Laurence Golborne, Carlos Eugenio Lavín, Iván Moreira y Pablo Wagner.
Además, fue la fiscal del caso del sacerdote John O’Reilly, condenado a cuatro años de libertad vigilada por abusar de una menor y cuya expulsión del país ya fue autorizada por la Corte Suprema.
También fue la encargada del Ministerio Público en el juicio que el año pasado concluyó con una condena 17 años de condena a ex cadete naval, Cristian Uribe, por provocar un incendio en una torre de departamentos militares en Las Condes que le causó la muerte a una joven escort de 23 años, Constanza Carreño, después de golpearla e intentar ahorcarla.
Otra diligencia en que estuvo fue la del humorista Álvaro Salas, cuando en mayo de 2016 chocó en La Reina bajó estado de ebriedad (1,29 gramos de alcohol por litro de sangre). Su vehículo derribó un árbol, pero no hubo heridos. Se consiguió acuerdo sin llegar al juzgado.
Además, fue quien dio por finalizada la investigación por supuesta estafa telefónica al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázaval, a quien le solicitaban dos millones de pesos por liberar a su hija.
Especialista en delitos económicos
Roberto Contreras es fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Condes y se ha dedicado a perseguir bandas especialistas en estafas telefónicas.
Así fue allanó el módulo 5 de la cárcel Colina 2, en el marco de una indagatoria que investiga fraudes que, en total, podría alcanzar los 500 millones de pesos.
Otro caso de relevancia de una estafa en la Automotora Padre Hurtado, donde se habrían vendido 27 vehículos sin que esos dineros (unos $ 175 millones) llegaran a sus dueños.
En junio de 2015 lideró las pesquisas por las denuncias del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, y la animadora Diana Bolocco, por la intervención de sus celulares y correos electrónicos. Entre las víctimas también hacía futbolistas.
En el último tiempo se le ha encargado del caso Global Finance, una supuesta estafa piramidal que podría alcanzar los 3.000 millones de pesos.
