Recientemente, uno de los temas centrales que ha mantenido preocupado al gobierno ha sido el desarrollo del escenario económico nacional y ante lo cual el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha intentado instalar la lógica del buen uso de los recursos en el gabinete los partidos del oficialismo.
Esta necesidad de optimizar la economía habría quedado en evidencia luego de que la Presidenta Michelle Bachelet comenzara la semana con un consejo de gabinete dedicado casi en su totalidad a este tema, además de la posterior insistencia del jefe de Hacienda sobre la necesidad de “reasignación de recursos” para enfrentar compromisos legislados y la agenda social, con el fin de amortiguar los efectos en la economía local.
De acuerdo a La Tercera, uno de los criterios que guiarán la confección del proyecto de ley de Presupuesto 2016 y su posterior defensa en el Congreso, es que el escenario base se ha deteriorado más de lo previsto en julio pasado, cuando Hacienda y la Dirección de Presupuestos estrecharon la demanda interna y ajustaron a 2,5% la proyección de crecimiento del PIB desde el 3,6%, además de corregir a la baja el precio efectivo del cobre.
Pero, además, se aceleró la trayectoria de precios internos y cómo el encarecimiento de la vida le resta poder al erario fiscal. Derivado de lo anterior está la decisión de que el gasto público 2016 se expandirá en el rango de 4% a 4,5%, aunque más cercano al piso. Sumado al desgaste de recursos para apoyar a las regiones afectadas por el terremoto, asesores que participan del diseño del Presupuesto 2016 aseguran que la estructura de gastos se está armando con un déficit fiscal efectivo algo mayor respecto del nivel con que ahora estiman que cerrarán 2015.
En ese mejor diagnóstico influyen datos favorables de recaudación tributaria hacia el tercer trimestre, como resultado de la menor evasión de impuestos y del aumento de la tasa de primera categoría. Según la reforma, este año se recaudarían US$ 2.643,5 millones. De esos, US$ 1.183 millones provendrían del alza del impuesto de primera categoría y US$ 790 millones por menor evasión y elusión.
