Un nuevo cartel desenmascaró la Fiscalía Nacional Económica (FNE)… esta vez se trata del mercado de productos tissue, que considera el papel higiénico, servilletas, toalla de papel y pañuelos desechables.
El propio fiscal, Felipe Irarrázabal, es quien presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento en el cual acusa a CMPC Tissue y SCA (ex PISA) de coludirse durante más de diez años para controlar cuotas de mercado y precios en el negocio del tissue.
A continuación la historia de cómo estas empresas se coludieron:
Mediados del año 2000
Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de Deportes de Sebastián Piñera, ex accionista y presidente del directorio de Blanco y Negro, ingresa a las dependencias del Club de Golf Las Brisas de Chicureo… se dirige hasta el restaurante que será el escenario del primer contacto entre Pisa –compañía de la cual era dueño-, empresa productora de tissue (papel higiénico, toallas de papel, toallitas de papel y pañuelos desechables) y Jorge Morel Bulicic, en ese entonces gerente general de CMPC Tissue, filial de Empresas CMPC, controlada por el grupo Matte.
Tras un tiempo de conversación el acuerdo era claro. A partir de ese momento las empresas gestionarían un modelo con una finalidad: subir los precios de sus productos y en adelante mantener las participaciones de mercado de CMPC y Pisa en el negocio masivo (supermercados, farmacias y cadenas mayoristas).
El plan era utilizar los porcentajes que cada empresa tenía antes de que estallara la guerra de precios en el mercado del papel higiénico, iniciada por Líder (hoy Walmart) a principios del año 2000, cuando lanzó al mercado la marca propia de papel higiénico Acuenta.
Con el acuerdo sellado por Ruiz-Tagle (quien vendió el 50% de Pisa a la sueca SCA en abril de 2012) y Morel, CMPC -que controla las marcas Elite, Confort, Noble y Preferido para el papel higiénico; Nova, Elite y Abolengo para las toallas de papel- se comprometía a mantener el 76% de la cuota de mercado y Pisa se quedaría con el 24%. Ambos, ejecutivo y empresario, se reunieron unas tres veces más para afinar e implementar el acuerdo.
Tras estas reuniones iniciales en Chicureo, se eligió al cuartel de bomberos de Apoquindo 8.115 en Las Condes, llamado Bomba Alemana, como lugar de reuniones, a las cuales asistieron –además de Ruiz-Tagle y Morel- los gerentes comerciales de la época: Cecilia Häberle Tapia de CMPC y Miguel González Pinto de PISA, entre otros ejecutivos.
Modelo o “Bomba”
Para que el sistema funcionara, los ejecutivos acordaron un modelo, el cual llamaron "Bomba" en alusión al lugar donde se juntaban. “Bomba” “permitía un sistema de monitoreo bimestral de las participaciones relativas a cada compañía, tanto en el canal supermercado, como en el canal tradicional y farmacias”, explica la Fiscalía Nacional Económica en el requerimiento.
En el relato de los hechos explica que si el modelo arrojaba diferencias en los porcentajes asignados, que se reflejaba en número de toneladas, se gestionaban mecanismos de corrección para llegar a los niveles acordados.
La planilla era actualizada con los datos que entregaba a las compañías la empresa A.C. Nielsen Chile por medio del informe Retail Index.
Además, para monitorear que el acuerdo se cumpliera, los principales ejecutivos se contactaron para intercambiar listas de precios, analizar cómo operaba el modelo. Esto se hizo mediante reuniones en diversos hoteles de la capital como Hotel Director, Hotel Marriot; Hotel Intercontinental y Hotel Radisson.
En estas reuniones participaron ejecutivos de alto rango de ambas compañías como Cecilia Häberle Tapia, Eduardo Serrano Spoerer, Alejandro Nash Sarquis, Felipe Alamos Swinburn, Cristián Rubio Adriazola, José Luis Aravena Aguirre y Fernando Riquelme Nejasmic por CMPC. Por el lado de Pisa acudieron Miguel González Pinto, Felipe Baraona Undurraga y Eduardo Hola Cheul.
Otro modo de contacto eran los mails. Para ello, entre los años 2007 y 2008 se crearon cuentas especiales en Hotmail. Los ejecutivos de CMPC utilizaban la cuenta encripta@hotmail.com con el nombre de “Mario Soto” y la cuenta tororedondo@hotmail.com con el usuario “Macnelly Morales”. Estos correos tenían como destinatario a ejecutivos de la ex Pisa, hoy SCA, en la cuenta Gmail ppmm12@gmail.com.
Pero llegó el año 2008 y con él estallaron casos como el de colusión de las farmacias, lo cual les hizo modificar el modus operandis. Con la finalidad de no dejar huella, se contrataron teléfonos celulares de prepago y se reemplazaron los correos electrónicos por la entrega personal de las listas de precios e información de posicionamiento en el domicilio particular del gerente de ventas de PISA… Y aquí un dato curioso, la información llegaba al domicilio con la nomenclatura de “Parte de Matrimonio”.
Asimismo, para monitorear la ejecución del plan, se tomaban precios semanalmente en las salas de supermercados más importantes del país, utilizando el precio moda y la información de los informes de Nielsen.
Computadores en el Canal San Carlos
Gracias a la implementación del acuerdo en el canal masivo, la FNE señala que CMPC y PISA (ahora SCA), lograron mantener sus participaciones de mercado estables en el tiempo y afectar los precios de venta a público de sus productos durante un período de al menos 10 años.
“Los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud. Así lo demuestran distintas conductas llevadas a cabo por los ejecutivos quienes evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos. Crearon cuentas de correo electrónico personales con el objeto de intercambiar información del acuerdo, hicieron uso de celulares de prepago para comunicarse con la competencia y, ejecutivos de CMPC llegaron incluso a deshacerse de computadores arrojándolos al canal San Carlos de Santiago en diciembre de 2011”…señala la FNE.
¿Qué se viene ahora?
El 4 de diciembre de 2014 la FNE inició de oficio una investigación para indagar la eventual existencia de ilícitos anticompetitivos en el mercado de la producción, comercialización y distribución de productos derivados del papel.
Producto de ello, el 27 de marzo de este año, CMPC solicitó a la FNE acogerse al beneficio del programa de delación compensada al reconocer haber ejecutado conductas anticompetitivas. Su solicitud fue acogida, por lo cual la compañía no será multada.
El 25 de septiembre de este año la FNE incautó con la PDI información de SCA. Tras ello, el 7 de octubre, la ex PISA solicitó también acogerse a dicho beneficio. Su solicitud también fue aceptada, pero dado que fue la segunda en hacerlo, arriesga el pago de multa, pero rebajada.
La FNE para este caso pide al TDLC que se imponga a la ex PISA (SCA) una multa de 20 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, unos US$ 15 millones… recordemos que la multa máxima es de 30 UTA.
