Entre gritos e insultos llegó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al Campamento Dignidad de su comuna, ubicado cerca de la intersección de las calles Departamental y Tobalaba, donde un incendio destruyó decenas de casas la mañana de este martes.
Los propios vecinos del lugar han acusado que el incendio tendría un origen intencional debido al lanzamiento de una bomba molotov. Además, han acusado al alcalde Carter de querer sacarlos “a las buenas o a las malas” del lugar.
En su llegada al lugar del incendio Carter respondió con dureza los emplazamientos de algunos vecinos, y los acusó de estar vinculados con el narcotráfico.
“Es una canallada plantear algo así, ningún alcalde de Chile va a mandar a quemar un barrio de su comuna. Hagámonos cargo de hechos relevantes, en esta toma tres dirigentes, en los últimos dos meses, han sido detenidos por la fiscalía por narcotráfico. Ese es el ambiente que reina dentro de esta toma”, acusó el alcalde de La Florida.
“Los violentos que tenemos alrededor nuestro no representan a la mayoría de los vecinos que necesitan una solución”, agregó Carter. Ante la pregunta si esperaba un recibimiento hostil por parte de los vecinos, el alcalde de La Florida dijo que si. “Han habido tres detenidos por narcotráfico en los últimos dos meses, dentro de los dirigentes de la toma”, insistió.
Alcalde Carter apunta al gobierno para el desalojo del Campamento Dignidad
El alcalde de La Florida emplazó al gobierno a hacerse cargo del problema y aseguró que no ha habido colaboración para reubicar a las personas que viven en el Campamento Dignidad.
“Nosotros el 4 de julio teníamos la fuerza pública para desalojar. Recibimos una llamada del delegado presidencial Gonzalo Durán más el subsecretario Monsalve, y nos pidieron que les diéramos un poco más de plazo para buscar más soluciones. Nosotros les dijimos ‘estamos súper disponibles’ porque nadie quiere un desalojo por un desalojo, nosotros necesitamos que esto se desaloje por el riesgo para la vida de las personas”, aseguró Carter.
“Nosotros dijimos que esto debía estar solucionado antes de septiembre, pasó todo lo que pasó. Yo hablé con el subsecretario Luis Cordero la semana antepasada, y me dijo que iba a haber una respuesta pronto”, agregó.
“Esta es una toma ilegal donde no se puede vivir porque hay riesgo aluvional. Hace tres años le hemos pedido al gobierno, por escrito, que cumpla el compromiso de construir un campamento en otro lugar. Pusimos a disposición recursos para arrendar el terreno incluso”, complementó.
