Este martes se dio por inaugurado el año judicial 2016, ceremonia encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, quien entregó la cuenta pública con un balance de la gestión anterior y abordó los desafíos para el periodo que comienza.
A la ceremonia —que se realizó este mediodía en el Salón de Pleno de la Corte Suprema— asistieron, entre otras autoridades, la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona.
Avances y falencias en materia judicial
Con respecto al problema penitenciario del actual sistema judicial, Dolmestch señaló "al menos debiéramos enfrentar con decisión aunque sea una sola arista del problema, la cambiante realidad del país le agrega cada vez nuevas facetas, las que si no se atacan se van acumulando a las anteriores y las dificultades crecen sin control: La situación penitenciaria en nuestro país, es muy preocupante".
El magistrado se refirió también el gran número de recursos de protección enviados a la Corte de Apelaciones por los usuarios de las Isapres, a raíz de cobros que han considerados arbitrarios. El 2015 se han presentado más de 133 mil recursos por este tipo de casos.
Por su parte, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, también se refirió a la situación en las cárceles: "Ahora tenemos un tremendo desafío en materia carcelaria, decir lo contrario sería un contrasentido para todos los que saben sobre los desafíos en condiciones de habitabilidad y reinserción".
"Está la posibilidad de quedarse en el diagnóstico de avanzar en la solución. Yo creo que el presidente de la Corte Suprema ha sido certero y comparto la necesidad de dar prioridad a estos temas, ya que muchas veces no son comprendidos por la ciudadanía", agregó la ministra.
En febrero pasado la Defensoría Penal Pública (DPP) entregó una serie de cifras que revelaron las condiciones de vida de los reos al interior de las cárceles.
Un total de 2 mil 623 requerimientos de traslado de penal o módulos carcelarios recibió la Defensoría Penal Pública (DPP) durante 2015. Una cifra que representa un 19,8% del total de solicitudes que ingresan personas privadas de libertad al organismo y que supera a las peticiones de permisos de salida, reducciones de condenas o de libertades condicionales.
Un número que a juicio de la DPP está directamente ligado a las malas condiciones de los recintos carcelarios y a los riesgos de violencia que enfrentan los reos. En otras palabras, hacienamiento.
En esta misma línea, la secretaria de Estado afirmó "a veces la sociedad tiene un discurso público duro en estas materias y a veces cuesta dar con los temas de reinserción. Para eso quienes cumplen penas en el encierro y necesitan rehacer y reintegrarse a la sociedad, hemos avanzado en mejorar las condiciones de habitabilidad con proyectos de infraestructura para lugares como Arica y Quillota".
"También existe una serie de inversiones que se están haciendo para avanzar en las condiciones de seguridad, no queremos tener incendios como los ocurridos anteriormente, así que hemos hecho todo un plan de inversión de redes de incendio, emergencias y capacitaciones. Junto con eso también estamos trabajando en el tema de recursos humanos, para evitar situaciones como las ocurridas en el caso de la zona norte, donde no había personal para cubrir los turnos", puntualizó la ministra Blanco.
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