La oposición le presentó, el martes, su propuesta de "mínimos comunes" al gobierno para avanzar en distintos temas sociales que ayuden a enfrentar los tiempos difíciles que vive nuestro país con la pandemia del COVID-19. La principal propuesta es una renta básica de emergencia que llegaría a millones de familias, pero también hay otros aspectos que fueron tratados por la centro izquierda.
Desde la oposición abordaron cuatro ejes: La renta de emergencia que proponen sea de 600 mil pesos para familias de cuatro personas y para todos quienes pertenezcan al Registro Social de Hogares, ayudas para la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, mejorar las medidas sanitarias y nuevas formas de recaudación estatal.
Entre las medidas sanitarias está la propuesta de establecer la gratuidad universal para los exámenes PCR, independiente si la persona está o no en la red pública de salud. Actualmente, el precio de un examen promedia los 25 mil pesos.
La centro izquierda también propone la transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud para Testeo – Trazabilidad – Aislamiento, con el objetivo de implementar 30 trazadores por cada 100 mil habitantes.
Más recursos para el Estado
En medio de la discusión de distintos proyectos en el Congreso, principalmente impulsados por la oposición como el royalty minero y el impuesto a los “súper ricos”, entre otros, el sector propone nuevas medidas que puedan aumentar la recaudación estatal, para poder así fortalecer las medidas sanitarias, establecer una renta básica de emergencia e ir al rescate de la mipymes.
La oposición propone, precisamente obtener una mayor recaudación fiscal proveniente de las mejores proyecciones del mayor precio del cobre tanto de la minería privada, como de Codelco, que el Estado se endeude, en base al espacio existente de acuerdo a proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda y el uso de activos del Tesoro Público.
Junto con esto se busca aumentar la recaudación con recursos provenientes de la extracción de recursos minerales – como el royalty y revisión de la tributación minera y de otras actividades extractivas, además de diseñar un nuevo sistema tributario “inteligente más justo y equitativo”.
Aquí se plantea una serie de “impuestos saludables”, como por ejemplo impuestos específicos a la alimentación no saludable, tomando en cuenta los alimentos sujetos a la actual Ley de Etiquetado; o “impuestos verdes”, que buscan perfeccionar instrumentos tributarios para el cuidado del medio ambiente permitiendo el desarrollo de energía limpia, la eliminación y manejo de residuos y la biodiversidad.
