La Corte Suprema concedió el martes la libertad condicional a cinco y, este miércoles, a otros dos ex agentes de los aparatos represores de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) tras acoger favorablemente recursos de amparo interpuestos por sus abogados.
"Los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad", justificó el Tribunal.
Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo sentencias por graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los casi 17 años de la dictadura.
Los beneficiados con el fallo del martes son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Este miércoles, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.
Tras la sentencia judicial, los siete hombres quedaron en condiciones de dejar el penal de Punta Peuco, una cárcel especial ubicada al norte de Santiago de Chile, donde están recluidos y condenados por crímenes de lesa humanidad alrededor de un centenar de militares y civiles que integraban la temida policía secreta del dictador.
Organismos de Derechos Humanos
La resolución el máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos. "Esta resolución, que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad", señaló Carmen Hertz, abogada en casos de derechos humanos y diputada del Partido Comunista.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, estimó que la decisión pone a la Corte Suprema "al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar".
El dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Durante la dictadura, que se prolongó hasta comienzos de 1990, unas 3.500 personas desaparecieron o fueron ejecutadas por agentes del Estado y otras 35.000 fueron sometidas a torturas, según informes oficiales elaborados ya en democracia.
