Un documento al cual tuvo acceso de manera exclusiva T13 denuncia la alarmante y preocupante situación en la cual se encuentra el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, recinto penal más conocido como la Ex Penitenciaría.
Se trata de una de las visitas periódicas que realizan las autoridades judiciales, en este caso, un juez del Juzgado de Garantía de Santiago, cuyas observaciones quedaron resguardadas en un acta.
En ese contexto, el documento relata que a la fecha se encuentran privados de libertad 4.859 hombres, sin embargo, se hace hincapié que el diseño original de la cárcel contemplaba capacidad solo para 2.568 internos y con la posterior densificación para 4 mil personas.
Por ello, el magistrado hace hincapié que hay al menos un 25% de hacinamiento. Asimismo, menciona que 1.281 internos son extranjeros, más del 26% de la población penal. Además, 443 son colombianos y 437 venezolanos.
El informe constata además que durante la semana murió un reo de nacionalidad ecuatoriana, sin registro de identidad en Chile y que estaba en prisión preventiva. Se presume muerte por participación de terceros con arma blanca.
El documento acusa también que no hay imputados que quieran hacer uso del derecho de entrevistarse con el magistrado ni tampoco presentar escritos con solicitudes dirigidas a los juzgados de garantía.
Asimismo, hay reporte de imputados que manifiestan no salir a entrevistas con sus defensores por amenazas en el trayecto. Otros acusan que los gendarmes no les notifican las visitas.
Hay testimonios que apuntan a líderes de organizaciones criminales al interior de módulos, además de gendarmes, que cobrarían por permisos de salida a entrevistas con defensores, e incluso, concurrir a instalaciones médicas cuando sufren lesiones a consecuencia de agresiones de terceros.
Las deficiencias en el Hospital Interno:
El acta acusa que el hospital interno de Santiago 1 posee una infraestructura extremadamente precaria, con escasas habitaciones y camas.
Asimismo, pese a la sobrepoblación del recinto, el hospital sigue con las mismas instalaciones del año de inauguración.
En su recorrido, el juez relata que había 18 personas en el hospital, de las cuales 5 estaban en espera de ser internadas en Hospital Psiquiátrico Dr. José Horvitz. De esas 5, 3 estaban engrilladas por razones de seguridad.
Asimismo, existe un módulo adicional que opera como anexo al hospital, en el cual están los reos aislados con enfermedad contagiosa. También se encuentran personas rechazadas por la población penal de otros módulos. El informe denuncia que existe dificultad en estos módulos para acceder a visitas.
El documento acusa que hay 41 personas con serios problemas de salud mental que se encuentran separados y repartidos entre todos los módulos del recinto carcelario, dependiendo de las recomendaciones entregadas por un médico que evalúa psiquiátricamente a los internos previo a ingresar al penal.
Situación de los módulos:
El acta del magistrado detalla que el módulo de alta seguridad, destinado a la población penal de alto riesgo y líderes de bandas delictuales, cuenta con 72 internos.
Asimismo, en el módulo 14, un imputado acusa que debe pedir dinero a sus familiares para permanecer en dicho de lo contrario. Además, acusa golpizas.
En el módulo 37, donde están los imputados por delitos sexuales, un reo denuncia ser extorsionado por líderes de una organización criminal, acusando que debe pagar una suma de dinero para no ser apuñalado.
Asimismo, acusa el funcionamiento de "pulperías" donde es posible adquirir elementos como comida, armas, drogas y alcohol, provenientes de los “pelotazos” al exterior del recinto.
Finalmente, en el módulo 38, reportan la incautación de más de 7 kilos de droga en un mes.
"Falta de voluntad"
En su etapa final, el informe hace una serie de conclusiones y recomendaciones a las autoridades carcelarias, además de fuertes críticas a la situación penal.
En primera instancia, hace énfasis en los escasos recursos con los que cuenta Gendarmería, los cuales, hacen imposible el cumplimiento adecuado de las múltiples funciones que les asigna la ley,
Por otro lado, el acta denuncia reconocimiento explícito de corrupción interna, alta rotación de jefaturas y presiones indebidas de sindicatos u organizaciones gremiales, que dificultan la gobernanza penitenciaria.
Respecto a los "pelotazos" por donde ingresan drogas y armas desde el exterior, el magistrado acusa falta de voluntad de la concesionaria y/o autoridades del Ejecutivo para resolverlo.
También califica de impresentable el estado de la cárcel, añadiendo que las concisiones de habitabilidad de los privados de libertad son indignas, ya que los reclusos ni siquiera tienen los espacios mínimos y camas necesarias para descansar. Añade que los servicios sanitarios son deplorables y que la higiene y aseo dejan mucho que desear.
En esa misma línea, el informe critica al hacinamiento y no asignación de literas, además de subsistencia de extorsiones, especialmente a los reos primerizos, como también el escaso personal y ausencia de vigilancia nocturna, lo que permite que ocurran ilícitos en las afueras del penal (pelotazos).
Crítica también la falta de cámaras de seguridad, además del acceso a celulares por parte de imputados. En esa línea, el documento cuestiona la disminución en la incautación de teléfonos, armas blancas, alcohol y drogas pese a los allanamientos.
Finalmente, establece como grave el problema de identificación de imputados extranjeros y sus antecedentes penales.
