Qué observar. La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago Mariana Leyton tuvo este martes por la mañana un nuevo roce con el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano y abogado Luis Hermosilla, previo a resolver las medidas cautelares en contra de tres de los imputados en el Caso Audios.
- Éste tuvo como origen el tiempo que estaba tardando su intervención final, que tuvo como respuesta del defensor la asimetría de minutos asignados, dado que en contra de Hermosilla había, en suma, el cuádruple de tiempos de alegatos de la fiscalía y los querellantes.
- El encontrón del día previo había terminado de forma distinta. La jueza había interrumpido su intervención diciendo que argumentara legalmente y luego hiciera otras apreciaciones. El abogado, que sugirió que existía una condena previa a su hermano, contestó que era su resorte estructurar su alegato, el que era pertinente con las imputaciones. La jueza lo dejó seguir.
El encontrón de este martes. El encontrón de este martes ocurrió durante los alegatos finales de las partes, cuando la magistrado dijo a Juan Pablo Hermosilla que había cumplido sus 10 minutos de intervención.
- “Está en su tiempo, abogado, por eso, vaya concretando”, dijo la jueza.
- “Magistrado, estoy contestando 40 minutos en contra, en 10 minutos”, respondió Hermosilla, quien luego pasó a hacer sus descargos por la imputación de delito tributario. “Estoy fue una especie de emboscada, magistrado (…). Cuál es la emboscada. Vamos a sorprender a las defensas. A última hora, sin aviso previo, sin tiempo de que pericien, de que preparen sus defensas, vamos a agregar otro delito”, al querellarse.
- “Se entendió el punto abogado, continuemos”, sostuvo entonces la magistrado. “Continúe”.
- “Magistrado, no me gusta que me interrumpan”, replicó Hermosilla.
- “Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15”, dijo la jueza. “Por favor, continúe”.
- “Estoy contestando 40 minutos”, sostuvo Hermosilla.
- “Señor, le dieron las instrucciones el día previo y usted tiene que ajustarse a aquello. ¿Algo más”, afirmó la jueza.
- “Pero yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa, magistrado. Usted tiene derecho a decir eso, lo voy a cumplir, pero yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”.
- “Lo siento, pero yo dirijo la audiencia”, dijo la jueza. “Cumpla lo ordenado”.
- Hermosilla saltó entonces a la parte de la necesidad de cautelas de su alegación.
El primer roce. El primer encontrón había ocurrido el lunes, cuando Hermosilla se refirió al audio de la reunión con el empresario Daniel Sauer grabado por abogada por la abogada Villalobos el 22 de junio de 2023, que dio origen al caso. En éste Hermosilla dijo que debía crearse una “caja negra” para pagar coimas a funcionarios de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, por las indagaciones a la corredora de bolsa STF y la empresa de factoring Factop.
- “Está mal que una abogada grave a su cliente y a un colega”, dijo Juan Pablo Hermosilla.
- “Abogado, por favor, disculpe que lo interrumpa, pero vamos con las consideraciones de derecho en relación a los hechos que se formulan por parte del Ministerio Público”, indicó la jueza.
- “Magistrado, tengo 13 horas que contestar”, dijo Hermosilla.
- “Abogado, disculpe, yo dirijo la audiencia. Le solicito que, si va a hacer apreciaciones, que digan relación con un argumento y luego desarrolle el argumento”, respondió la jueza. “Cuál es el fundamento”.
- “Magistrado, yo tengo derecho a defender a mi cliente”.
- “Abogado…”.
- “No me interrumpa magistrado, porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche. Son 12 horas y medias de cargos que tengo que contestar, con la excusa del contexto, esto que acabo de mencionar magistrado, fue mencionado 14 veces, el tema del audio, y por lo tanto yo tengo legítimo derecho magistrado, y no depende de usted, está en el Código Procesal Penal y en la Constitución”, dijo Hermosilla.
- “Ya, pero vaya argumentando primero”, afirmó la jueza.
- “Pero si el orden lo defino yo, magistrado, en las alegaciones”.
- “Abogado, por favor, continúe”.
Quién es. Mariana Andrea Leyton Andaur, 45, nació en 1978 en Buin. Estudió derecho en la Universidad de Concepción. Tiene un magister en derecho penal de la U. de Talca y la U. Pomeu Fabra.
- En 2009 dio sus primeros pasos en el Poder Judicial como juez suplente del tribunal de familia de Concepción; relatora suplente de la Corte de Apelaciones de Chillán y juez suplente del tribunal de familia de Puente Alto.
- En enero de 2010 pasó a ser relatora de la Corte de Apelaciones de Arica. En julio del año siguiente encabezó audiencias de formalización.
- En mayo de 2016 juró como jueza titular del Tribunal Oral en lo Penal de Arica. Durante su paso por esa ciudad del norte realizó también actividades gremiales, convirtiéndose en dirigente regional.
- En Santiago llegó al Cuarto Juzgado de Garantía, donde en febrero de 2020 declaró inadmisible la querella presentada por el Ministerio del Interior —entonces encabezado por el ministro Gonzalo Blumel— por las amenazas realizadas por redes sociales a la jueza Andrea Acevedo que había encabezado la audiencia por la muerte de un hincha de Colo Colo. Argumentó que la cartera carecía de legitimación activa en el caso.
- El año siguiente protagonizó la causa en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex RN). A las 3:35 pm del domingo 22 de agosto de 2021 el fiscal Carlos Ramírez de la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió telefónicamente a la jueza autorizar la entrada, registro e incautación de evidencias desde seis domicilios. Leyton accedió a la petición e instruyó a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones realizar la diligencia, que incluía la casa del exalcalde Torrealba.
- El 12 de abril de este año la policía peruana detuvo al ex gerente general de la empresa de factoring Primus Capital Francisco Coeymans, tras ausentarse de la audiencia de formalización de cargos en su contra del 3 de abril por los delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y blanqueo de capitales. La jueza Leyton había dictado la orden detención en su contra, que derivó en una alerta internacional.