Para Valeria Díaz, de 60 años de edad, es una "catástrofe” que intenta ignorar, mientras pasea a sus dos perros blancos por una estrecha calle repleta de policías antidisturbios. "Esto es un caos, una guerra, y uno tiene que estar aquí para saberlo. Yo lo veo todos los días, despierto con carabineros, me quedo dormida con carabineros, me quedo dormida con las bombas. Eso ya superó cualquier paciencia”, dice a DW.
A un mes del estallido en Chile, un 71% apoyó las manifestaciones pacíficas, y un 67% pidió duros castigos contra incitadores a la violencia, según una encuesta de la firma CADEM. No son menores los daños provocados por grupos que, generalmente, actúan después de concluir cada protesta: 41 estaciones del Metro destruidas, pérdidas en el comercio por más 1.400 millones de dólares y decenas de monumentos dañados.
Díaz, que alquila apartamentos a turistas, tuvo que despedir a parte de su personal debido a la crisis. "Me ha afectado económicamente y en la salud, en el sistema nervioso, porque yo vivo justo en esta esquina, y ya no se puede vivir”, comenta.
Muchos comerciantes sienten miedo: resguardan sus mercancías, cierran antes de tiempo y procuran no almacenar mucho dinero en efectivo. El cibercafé de Jhonny Argotte, un estudiante de Enfermería de la Universidad San Sebastián, sufrió un intento de atraco hace dos semanas. "Ese mismo día saquearon un negocio en mi esquina, un taller de autos”, explica.
Cerca de la tienda de Argotte está la pizzería Tango. Su dueño, Miguel Escobar, que cree que muchos delincuentes se infiltran en las movilizaciones para generar caos. "Hay que tratar de perseguir a los delincuentes y no a los manifestantes”, asegura a DW este argentino de 62 años de edad, que se siente afectado por los disturbios.
Pero la sensación de desprotección no es exclusiva de los pequeños comerciantes. La corporación multinacional estadounidense Walmart acusa al Estado de Chile de incumplir con su deber de"garantizar el orden público y la seguridad interior”, apunta el periódico Diario Financiero el 18.11.2019. Más de 120 de sus locales están dañados por saqueos o incendios tras las jornadas de manifestaciones.
Policía polémica
Las movilizaciones disminuyeron desde el anuncio de un acuerdo para concebir una nueva Constitución y sepultar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, pero no desaparecieron. El viernes, Abel Acuña, de 29 años, murió de un paro cardiorrespiratorio en la plaza Italia cuando manifestaba.
Los paramédicos que lo atendieron relataron que no pudieron trabajar con precisión debido al gas lacrimógeno, los disparos de perdigones y los chorros de agua de patrullas policiales. Pero Mario Rozas, director general de Carabineros, advirtió que no era posible asegurar que la operación de control de orden público haya incidido en el deceso.
En Chile hay opiniones encontradas sobre la actuación policial. Lilian Tixi, una podóloga de 54 años, piensa que el Gobierno es "blando” en el control del orden público. "Estas protestas no tienen ningún rumbo porque están encauzadas a puros destrozos, van a saquear, robar, han robado puros negocios y encima los queman. ¿Qué futuro hay? Habrá más desempleo y más ruina. Yo no he podido trabajar, no puedo ir a ningún lado porque hay protesta”, respondió a DW unos días antes de que sectores políticos alcanzaran un acuerdo por una nueva Constitución.
En contraposición, un grupo de políticos pide la destitución del director general de Carabineros por su actuación durante el estallido. El Partido Socialista chileno asegura que Rozas perdió el control de la institución que dirige. "Pareciera que los efectivos de Fuerzas Especiales carecen de un mando que enmarque su actuar dentro de los límites del Estado de Derecho”, explica un comunicado.
Pero la violencia también afecta a las fuerzas de seguridad. Solo el domingo se reportaron cuatro ataques a cuarteles policiales en la Región Metropolitana, donde 11 oficiales de Policía y 5 civiles resultaron lesionados, según la Subsecretaría del Interior.
Horas después, el presidente Sebastián Piñera prometió que no habrá impunidad con los que incurrieron actos de violencia o abusos desde que comenzó el estallido, el 18 de octubre. "Todos debemos condenar la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que la violencia sólo engendra más violencia”, dijo.
