Por Pablo Cádiz y Alfonso Concha

Pagos irregulares y contratos vía trato directo a familiares del alcalde. Estas son solo algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría en relación a la organización del Tapati en Rapa Nui, cuya versión 2020 arrancará este sábado.

El organismo emitió un informe -al que accedió T13- en que se detallan la serie de objeciones a los desembolsos cursados por el municipio durante 2018 y 2019 para la organización de este evento que cada año reúne a miles de personas durante la primera quincena de febrero, y donde se rinde homenaje a las tradiciones ancestrales de esta cultura. 

Dentro de las objeciones del organismo se encuentran montos destinados a la contratación de personal de apoyo a honorarios para la festividad -por $35 millones en 2018 y por $87 milones en 2019- cuyas prestaciones no pudieron ser acreditadas. Y el pago de 9 millones por una prestación sin el correspondiente informe.

Otro punto objetado fue la construcción del escenario en la fiesta de 2018, donde se destinaron -sin licitación y por trato directo- $14,6 millones en 2018 y  $16 millones en 2019.

Aunque el municipio argumentó que se usó este mecanismo debido a la urgencia y cercanía de la fecha en que se realizaría el Tapati, la Contraloría advirtió que “los antecedentes de respaldo no evidencian las circunstancias o características que determinan la calificación, de emergencia, urgencia o imprevisto, toda vez que la celebración se efectúa todos los años en la misma época”.

Junto con esto, el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, aprobó una contratación vía trato directo y el posterior pago de combustible para los vehículos utilizados durante la fiesta a un proveedor cuyo socio principal es su familiar. Solo en este item se destinaron $107 millones, de los cuales $98 millones corresponden a 2019. 

Otro de los puntos que advirtió el organismo dice relación con pagos que fueron visados por funcionarios municipales que, a su vez, eran los mismos proveedores. Esto por un monto de $1,7 millones. 

Y a esto se suma que el municipio no incorporó en su presupuesto los aportes entregados por privados para la organización del Tapati: $94,7 millones en 2018 y $88 millones en 2019, y la inexistencia de un libro donde se lleve el control de los sumarios que se han iniciado así como de manuales que regulen o controlesn los procesos vinculados a las festividades. 

Funcionarios con licencia viajaron fuera de la Isla

Junto con formular objeciones a la organización de la fiesta de la isla, la Contraloría realizó cuestionamientos a la gestión administrativa del municipio liderado por el edil vinculado al Partido Progresista. 

Según detalla el informe, cinco funcionarios municipales que se encontraban con licencia médica y reposo total, registraron viajes fuera de la isla. A esto se suma que funcionarios no registraron su jornada laboral de forma diaria en el medio de control con que cuenta la entidad.

Otro ítem constatado señala que hay 273 contribuyentes –informados por el SII- que no están registrados ni identificados por el municipio, pese a que están exentos del pago por concepto de patentes municipales.

Por otro lado el organismo realizó cuestionamientos al nombramiento del director de control del municipio, cuyo proceso "no cumplió con las exigencias establecidas en la ley, ya que el funcionario no se encontraba al tope de la planta y porque tampoco se efectuó la comparación con los empleados que pertenecían a la planta en 2016".

"En una oportunidad no se acreditó que el director de control regresa a sus funciones luego de cumplir un cometido funcionario mandatado por el alcalde. Tampoco se justificaron ausencias que registra este funcionario, ni la secretaria municipal", señala el informe.

Asimismo, señala la contraloría, no se pudo acreditar el gasto en pasajes aéreos de este funcionario por un total de $1.146.183.

Revisa el informe completo a continuación

 

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