El pasado viernes 27 de enero se emitió el Dictamen N°3000 que indica que, al igual que como se dispone en el artículo 1° de la Constitución, es obligación por parte del Estado entregar protección a toda la población. Esto, a raíz de la consulta hecha por la Municipalidad de La Florida.
El pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República señala que las municipalidades que no estén en las zonas afectadas por los siniestros pueden enviar tanto equipaje como personal para colaborar con las labores de voluntariado.
En base a las normas de ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -que fija disposiciones en casos de catástrofes-, las municipalidades están habilitadas para enviar a su ayuda a las zonas de catástrofe.
Esto permite coordinar con las autoridades regionales, provinciales o de comunas afectadas, en las condiciones que se indican.
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