Esta mañana los seis imputados en el denominado caso Tsunami aceptaron el acuerdo del Ministerio Público de suspender el procedimiento para evitar el juicio oral.
El pacto contempló el pago de una indemnización de $235 millones en tres cuotas, que serían repartidos entre los querellantes.
Pese a esto, la jueza del caso, Carolina Guajardo, aún analiza la alternativa del juicio oral.
Con esto, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, tendrá que pagar $75 millones; la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, $39 millones; Johaziel Jammett, ex jefe de alerta temprana, $5 millones; y $39 millones cada uno de los tres ex miembros de la Armada que el día del terremoto del 27-F se encontraban en el Shoa, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez.
Paralelo a eso, el acuerdo con la fiscalía contempla que cada uno de los imputados realice una declaración pública.
Además, este lunes es el momento de los 141 familiares de las víctimas del 27-F, de exponer ante el tribunal, donde mostraran su oposición al acuerdo.
Cada uno de los familiares tendrá alrededor de media hora para hacer su declaración. Luego de eso, es el turno de los abogados de los querellantes para intervenir.
