Venezuela sigue a media máquina. Los masivos apagones acentuados desde el 7 de marzo obligaron al gobierno de Nicolás Maduro a reducir la jornada laboral y suspender clases, además de activar un plan de racionamientos eléctricos durante 30 días.
"El plan de 30 días de administración de carga ya entró en vigencia este domingo 31 de marzo", dijo Maduro durante una cadena obligatoria de radio y televisión, sin precisar cómo funcionará.
La chispa del malestar por los recurrentes apagones se reflejó en manifestaciones dispersas en Caracas, varias de las cuales fueron reprimidas por grupos civiles armados afines al gobierno socialista conocidos como colectivos.
"El gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares y se establece una jornada laboral diaria hasta las dos de la tarde en instituciones públicas y privadas", informó más temprano el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al leer un comunicado oficial.
El texto oficial no precisó por cuánto tiempo se prolongará la reducción de la jornada laboral ni la suspensión de clases, aunque Maduro estimó que las actividades escolares podrían restablecerse "entre martes o miércoles" de la semana que viene.
La medida se asemeja a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por Maduro aduciendo la reducción del caudal en la hidroeléctica Guri, que genera 80% de la energía al país, por efectos de la sequía.
El sonido de cacerolas irrumpió en la capital venezolana. Con pitos y banderas, decenas de habitantes salieron espontáneamente a las calles formando pequeñas protestas agobiados por las fallas eléctricas y la severa escasez de agua, pero muchas fueron contenidas por los colectivos.
Previamente, el presidente había dado luz verde a estos grupos de civiles armados para contener las protestas.
"Colectivos paramilitares al servicio de la dictadura de nuevo reprimen las protestas de los sectores populares. Cumplen la orden de Maduro de reprimir las protestas sociales por derechos", denunció la ONG de derechos humanos Provea.
