Panamá es muy distinta al resto de países latinoamericanos, económicamente hablando.
En un continente de estados intervencionistas, sus gobiernos han buscado interferir lo mínimo necesario con los negocios.
En una región proverbialmente ensimismada, cerrada por largo tiempo al impacto de las corrientes financieras y comerciales internacionales, Panamá es portuaria, cosmopolita, y en épocas recientes, bastante próspera. En 2015 fue el país latinoamericano cuyo PIB más creció, a tasas cercanas al 6% anual.
Desde su independencia de Colombia en 1903, Panamá ha tenido al dólar como su moneda y la globalización como su estrategia preferida.
El estandarte económico nacional es, por supuesto, el Canal de Panamá. Pero a la par con esa vía interoceánica, Panamá construyó un centro financiero internacional que hoy está en la noticia por cuenta de los Panamá Papers, el escándalo que reveló los mecanismos usados por muchos poderosos para esconder riquezas.
Panamá se ha especializado, entre otras cosas, en proveer servicios financieros "offshore", extraterritoriales, a clientes que no residen habitualmente en el país. Lo que genera muchas suspicacias entre sus críticos, quienes aseguran que los centros "offshore" se convierten en un vehículo para la evasión de impuestos para una élite extranjera.
"Los países que son calificados de paraísos fiscales son los que tienen regulaciones que permitan a personas abrir cuentas o establecer empresas sin revelar cierta información y usando estructuras que no son accesibles a los gobiernos de origen de dichas empresas", asegura a BBC Mundo Allison Christians, experta en derecho tributario de la Universidad de McGill en Canadá.
Rechazan acusaciones
Los defensores de la industria financiera panameña y de otros centros "offshore" recuerdan, sin embargo, que hay razones perfectamente legítimas para mantener cuentas extraterritoriales, como la cobertura de riesgos políticos, de divisas y de otra índole.
Y es en todo caso un mecanismo usado extensamente en muchas partes.
"Todos los países tienen hasta cierto punto medidas que permiten actuar como un paraíso fiscal para inversionistas y negocios de otros países. Este es un asunto global", advierte Christians.
Panamá objeta con vehemencia el calificativo de "paraíso fiscal". En 2014 mantuvo una controversia con Colombia cuando las autoridades fiscales en Bogotá acusaron a sus vecinos de ser precisamente eso. Señalamiento que Colombia retiró meses después ante la presión diplomática panameña.
Y por supuesto, este lunes, voces panameñas han rechazado con furia las acusaciones que se elevan contra Panamá por el escándalo actual.
Ramón Fonseca, cofundador de la firma Mossack Fonseca, de donde se filtró la información que desató el escándalo, calificó a esa filtración como un "ataque contra Panamá".
El presidente de Panamá Juan Carlos Varela, por su parte, advirtió en un comunicado que el país tendría "cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia", según reportaron medios locales.
Pero no es la primera vez que el sector financiero panameño ha enfrentado cuestionamientos de esta índole.
Desde los 70
Al igual que otros grandes nodos del comercio mundial como Hong Kong y Singapur, Panamá desarrolló un sistema financiero orientado a las transacciones internacionales, que crecía junto con su estatus como gran puerto, impulsado por el Canal de Panamá. En la década de 1960 el canal mismo estaba en manos de Estados Unidos, pero las autoridades panameñas empezaron a promover medidas para atraer a bancos y capitales internacionales. Un primer decreto en 1970 creó formalmente el centro financiero internacional.
A los pocos años, docenas de bancos internacionales ya se habían instalado en la ciudad de Panamá. Los atraía, al igual que ahora, el hecho de tener cerca el negocio comercial del canal y también el dólar como moneda, lo que prometía estabilidad. Así como gobiernos que prometían una regulación favorable a los negocios.
Para 1982 ya había más de 100 bancos internacionales en la Ciudad de Panamá.
Pero la década que siguió fue difícil para el papel de Panamá como centro financiero "offshore". En ese año la crisis financiera global golpeó de manera especial a América Latina. El sistema financiero mundial tambaleó por efecto de la deuda de países como México o Argentina. Y muchas voces en la comunidad internacional empezaron a cuestionar, a lo largo de la década, el influjo de narcodineros en la economía panameña.
Para 1988, Washington, ya involucrado en una disputa creciente con el entonces gobernante de la nación centroamericana, Manuel Antonio Noriega, había congelado fondos panameños en Estados Unidos.
En diciembre de 1989 los infantes de marina estadounidenses invadieron Panamá. El sueño del país de convertirse en un imán de las altas finanzas podría haber terminado ahí.
Pero en la siguiente década, Panamá reconstruyó su centro financiero internacional.
Se crearon nuevas entidades regulatorias, volvieron los bancos y Panamá gradualmente ha buscado quitarse el estigma de ser un "paraíso fiscal".
En 2011, luego de firmar acuerdos para compartir información tributaria con Estados Unidos y otros países, Panamá fue removido de la llamada "lista gris" compilada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para señalar a naciones que no ofrecen suficiente transparencia en ese sentido.
Consuelo
Para 2015 había más de 90 bancos aportando cerca del 7,5% del PIB panameño, lo que constituía el sexto rubro más importante en la economía del país.
Y toda una infrastructura legal y administrativa para atender a la banca extraterritorial, entre la cual está la firma Mossack Fonseca.
"Hasta donde se, Panamá no es ni mas ni menos propensa a negocios turbios que otros centros financieros offshore", asegura a BBC Mundo Allison Christians de la Universidad de McGill.
Lo que puede resultar de escaso consuelo a Panamá, un país que por cuenta de este mayúsculo escándalo está siendo asociado a acusaciones de ayudar a eludir de impuestos a escala global.
