Cada mañana una camioneta los recogía antes de que amaneciera y los transportaba hasta una granja avícola en la localidad de Marion, en Ohio (EE.UU.).
Allí eran obligados a trabajar 12 horas seguidas.
Limpiaban gallineros, cargaban y descargaban cajas de pollo, les ponían vacunas y cortaban el pico a las gallinas.
Al anochecer, el vehículo los transportaba de vuelta a una casa móvil deteriorada, sin calefacción, camas o baños.
Si no cedían sus salarios, los amenazaban de muerte.
En esas condiciones vivieron durante meses ocho menores de entre 15 y 17 años provenientes de Guatemala que el gobierno de Estados Unidos entregó a un grupo de adultos que resultaron ser miembros de una banda de traficantes de personas.
Los delincuentes se hicieron pasar por familiares y allegados a las víctimas, y así engañaron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EE.UU. (ORR, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de reubicar a los menores que cruzan la frontera en solitario.
La llamada
La odisea de los menores terminaría el 17 de diciembre de 2014, cuando un comando de unos 100 agentes de la policía del condado de Marion y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) irrumpieron en el estacionamiento de 200 casas móviles donde vivían los migrantes.
Pero no fueron los vecinos ni empleados de la granja quienes denunciaron las irregularidades al FBI.
Una de las víctimas logró llamar a un tío suyo que reside en el estado de Florida para alertarle sobre la explotación y amenazas que recibía a diario.
El familiar, llamado Carlos Enrique Pascual, avisó al FBI de la situación y fue así cómo comenzó la búsqueda de los menores, según le contó este al diario The Washington Post.
Los jóvenes trabajaban en Trillium Farms, una de las productoras de huevos más grandes del país.
El líder de la banda criminal, el guatemalteco Aroldo Castillo-Serrano, trabajaba en la granja como contratista desde 2011, el mismo año en que traficó a su primera víctima, según la fiscalía del Distrito Norte de Ohio, donde se lleva a cabo el juicio en su contra.
Después del rescate de los menores, Trillium Farms declaró "desconocer" la situación de ilegalidad que ocurría en sus instalaciones.
Pero, ¿cómo llegaron ahí los ocho adolescentes que cruzaron la frontera esperando coincidir con sus familiares en EE.UU.?
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Castillo-Serrano, de 33 años, utilizó a varios cómplices para convencer a las autoridades estadounidenses de que le dieran la custodia de los menores.
Y el proceso fue más sencillo de lo esperado.
La ORR les dio a cada uno de los enviados de Castillo-Serrano un formulario que rellenaron con información falsa.
De este modo, y con la ayuda de su cómplice, la también guatemalteca Ana Pedro Juan, las víctimas fueron llegando durante todo el 2014 a la localidad de Marion para ser explotadas en el campo.
Los delincuentes obligaban a los adolescentes a entregar sus salarios y solo les dejaban una mínima cantidad para gastos básicos, según la fiscalía.
El documento también señala las presiones que recibían para pagar una "deuda" de US$15.000 si querían permanecer en el país y para que no los mataran ni a ellos ni a sus familiares en Guatemala.
¿Un caso aislado?
Aunque Castillo-Serrano y cuatro personas más se enfrentan a una sentencia de entre 5 y 20 años por cargos de conspiración para traficar con menores, trabajo forzado y engaño a las autoridades migratorias, el caso de Marion ha despertado la preocupación sobre cuán riguroso es el gobierno estadounidense a la hora de reubicar a los menores que cruzan la frontera desde Centroamérica.
"Me gustaría decir que es un caso aislado, pero no. El tráfico de personas es un problema en Estados Unidos y no se reporta lo suficiente", dijo a BBC Mundo el fiscal del distrito norte de Ohio, Steven Dettelbach.
El pasado 28 de enero, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. presentó un reporte que no solo expone el episodio de Marion, sino 15 casos más en los que Washington entregó a migrantes menores de edad a traficantes.
Desde el año 2011, más de 180.000 niños sin acompañantes provenientes de Centroamérica han sido detenidos en la frontera, según la patrulla fronteriza de EE.UU.
Desde allí han sido trasladados a 800 refugios de la ORR, agencia adscrita al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés).
"No hay otra forma de calificar lo que pasó en Marion sino como una tragedia", dijo la vocera del HHS Andrea Helling a BBC Mundo.
A raíz de la publicación del reporte del Senado, indica Helling, la agencia federal ha implementado un número de correctivos.
"Ahora revisamos los antecedentes penales de cada persona que vaya a vivir bajo el mismo techo que el niño, y también los buscamos en un registro de negligencia para ver si hay casos de abuso en el pasado", indicó Helling.
Sin embargo, hay quienes piensan que dichas medidas no son suficientes.
"Lo que se necesita es que ambos partidos revisen con profundidad todos los procesos que involucran a niños migrantes. Esas medidas son solo pañitos calientes", dijo a BBC Mundo la abogada y activista de inmigración Lis-Marie Alvarado.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes esperan que lo sucedido sea una llamada de atención y que el episodio de Marion no se repita.
