En algunos medios lo llaman "el avión de la discordia".
Se trata de un jet Boeing 787 Dreamliner que el gobierno de México compró para la transportación del presidente, Enrique Peña Nieto.
El aparato, encargado a la empresa armadora desde 2012, está por aterrizar en unas semanas.
La inminente llegada reaviva la polémica.
Algunos critican el costo del aparato, valuado en unos US$127 millones.
También señalan que no era necesario comprar una aeronave de este tipo, ni tampoco las costosas adecuaciones que se le realizaron.
Según medios locales, la remodelación del aparato tuvo un costo adicional de US$32 millones.
Lujos
De acuerdo con estas versiones, se adaptó a la aeronave un área especial para el descanso del presidente.
También se añadieron sofisticados equipos de comunicación y una zona de trabajo durante los vuelos.
Comprar este modelo de avión no era necesario, le dice a BBC Mundo el diputado Vidal Llerenas Morales, del opositor Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
"La naturaleza de este avión excede los requerimientos", indica.
"Se pudieron cubrir las necesidades con un avión de otras características".
BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México detalles sobre el nuevo avión y la fecha de su llegada.
La respuesta fue que en cuanto aterrice el aparato se proporcionará la información requerida.
Según con medios locales, el primer vuelo se realizará a mediados de enero, en un viaje a Europa del presidente Peña Nieto.
Autonomía de vuelo
Pero otros advierten que la compra del Dreamliner no es un lujo, sino un asunto de seguridad nacional.
El actual avión presidencial, un Boeing 757-225, fue construido en 1987 y ha registrado algunas fallas, según reportes de medios locales.
Por ejemplo, en abril de 2015 el aparato, llamado Presidente Juárez TP-01, tuvo que ser remolcado después de aterrizar en Panamá, señala el diario El Universal.
Y dos años antes, añade el periódico, fue necesario cambiarle una válvula que se dañó inesperadamente en Veracruz, al sureste del país.
El presidente Peña Nieto y su comitiva tuvieron que regresar a Ciudad de México en otro avión, el TP-02.
Además de estos problemas, la aeronave tiene una capacidad de vuelo de 12 horas, lo que obliga a hacer escalas en viajes internacionales.
En cambio, el nuevo Dreamliner puede volar sin aterrizar durante 20 horas.
El modelo del aparato en la configuración que se vende a líneas aéreas está diseñado para transportar a entre 217 y 323 pasajeros.
Consume menos combustible que otros aviones de su tamaño y forma parte de las flotas de algunas de las aerolíneas más importantes del mundo.
Accidentes fatales
La compra del nuevo avión fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Fue una decisión justificada por razones de seguridad ante los problemas de la flota aérea oficial, y que provocaron accidentes donde murieron altos funcionarios.
El 21 de septiembre de 2005 murió el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, al desplomarse el helicóptero en que viajaba.
Tres años después, en octubre de 2008, falleció el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
El avión en que viajaba se estrelló en una concurrida avenida de Ciudad de México.
Luego, el 11 de noviembre de 2011, murió Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación que sustituyó a Mouriño.
El funcionario viajaba en un helicóptero a Cuernavaca, a 50 kilómetros al sur de la capital mexicana.
El aparato se desplomó minutos después de despegar.
Pago en plazos
Por estos percances se tomó la decisión de revisar la flota aérea del gobierno y comprar un nuevo avión para trasladar al presidente y su comitiva.
Pero la idea no era adquirir un Dreamliner y menos hacerle lujosas adaptaciones, afirma el diputado Llerenas Morales.
"Se pidió una revisión de los aviones de gobierno que obviamente tenían problemas", recuerda.
"Pero no había mandato de que se comprara un avión de esas características ni en un esquema de arrendamiento".
Y es que la aeronave fue comprada con un financiamiento negociado por el gubernamental Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
El aparato terminará de pagarse en 2027, según el programa establecido por la Secretaría de Hacienda.
