A través de un documento de cincuenta páginas publicado este miércoles (02.03.2016), el juez federal estadounidense Thomas Griesa habilitó a Argentina para que pague a los bonistas que aceptaron una reestructuración de la deuda, aunque lo condicionó a que el Congreso argentino apruebe una serie de leyes. “Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para declarar las medidas cautelares inequitativas y en detrimento del interés público”, afirmó el magistrado.
El levantamiento de las restricciones que pesaban contra Argentina permitiría al país sudamericano pagar las cantidades adeudadas a los bonistas con los que ya alcanzó un acuerdo y supone un rechazo al pedido realizado por un grupo de tenedores de bonos, quienes exigieron a la Justicia que esperara más antes de suspender las medidas cautelares que impedían que el país realizara algunos pagos.
Sin embargo, el juez condicionó esta decisión al levantamiento por parte del Congreso argentino de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, algo a lo que el presidente Mauricio Macri (en la fotografía) se comprometió y para lo que estaría buscando los apoyos necesarios. Además, Griesa estableció como condición que Argentina abone los acuerdos firmados con los acreedores hasta el 29 de febrero, que incluyen los tratos alcanzados con los fondos principales y varios minoritarios.
Cambio de Gobierno, cambio de actitud
La decisión se basa en tres justificaciones: primero, el juez valoró el principio de acuerdo firmado por Argentina con “la gran mayoría” de los fondos, cuya suma de 6.200 millones de dólares supone el 85 por ciento del total de las reclamaciones. En segundo lugar, destacó un “cambio completo de actitud” del Gobierno en relación con la administración anterior. Finalmente, valoró que Macri solicitara al Congreso la aprobación urgente de las medidas necesarias, “un paso importante para cumplir con las condiciones de esta orden”.
En relación a los fondos que habían solicitado al juez una extensión de 30 días más para negociar sus reclamos, el magistrado explicó que tal retraso “podría limitar seriamente la capacidad de la República de obtener el capital necesario para financiar los acuerdos”. Además, recordó que la Corte de Apelaciones ya ha realizado un stay sobre su orden por dos semanas más, lo que permitirá a estos demandantes “amplio tiempo para continuar las negociaciones”.
