La fiscalía de Bolivia libró este lunes una "orden de aprehensión" contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del expresidente Evo Morales, por los delitos de sedición y terrorismo.
La orden de arresto fue expedida "por existir en su contra que es autor y partícipe de los delitos (...) de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo", tuiteó el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, promotor de la investigación contra Quintana.
Brazo derecho de Morales, Quintana había dicho a principios de noviembre, ante el embate de sectores de derecha radical, que "Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno" si el mandatario resultaba destituido.
Morales dimitió el 10 de noviembre acosado por un movimiento civil que lo acusó de fraude en los comicios de octubre y luego de que los militares y la policía le quitaran su apoyo.
Ministro de gobierno anunció "cacería"
La denuncia fue interpuesta la semana pasada por el ministro interino Murillo, quien acusó a Quintana de ser instigador de la desestabilización del gobierno interino. También recordó la frase pronunciada por el exministro en alusión a Bolivia como un "Vietnam moderno".
Apenas asumió Murillo la cartera de gobierno, dijo a los periodistas: "Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana. ¿Por qué es cacería? Porque es un animal que está matando gente".
También dijo que las fuerzas policiales y de inteligencia estaban tras los pasos de Raúl García, hermano del exvicepresidente Álvaro García.
La fiscalía general había emitido asimismo el fin de semana una orden de aprehensión contra la exministra de Culturas y Turismo, Vilma Alanoca, por presunta "instigación a delinquir", luego de que exfuncionarios de esa cartera fueran hallados en los días de convulsión social con explosivos molotov que, según la policía, mandó a fabricar la exfuncionaria.
Evo Morales renunció a su cargo y se exilió a México tras anular los comicios de octubre que le dieron la reelección pero presentaron "graves" irregularidades, según una auditoría de la OEA.
