Ahorcado. Así se ha sido ejecutado este jueves el primero de los 11 condenados a muerte por participar en la reciente ola de protestas antigubernamentales que sacuden al país desde mediados de septiembre.
Las autoridades persas informaron que el ajusticiado respondía al nombre de Mohsen Shekari, quien el pasado 29 de noviembre fue declarado culpable del delito de "odio contra Dios" por un Tribunal Revolucionario.
A Shekari se le señaló de "alborotador", por participar en el bloqueo de una avenida y por herir a un miliciano en medio de las protestas que estallaron en el país musulmán a mediados de septiembre, luego de la muerte, a manos de las autoridades, la joven de Mahsa Amini, por "no utilizar correctamente" el hijab (velo islámico).
Organizaciones de Derechos Humanos han calificado de "espectáculo sin el debido proceso" el juicio donde el hombre fue condenado a la pena capital.
La versión oficial
La agencia de noticias Mizan, adscrita al Poder Judicial de Irán, informó que el ejecutado participó en el cierre de una calle en la capital, Teherán, el 25 de septiembre y que atacó con un machete a un integrante de la Fuerza Basij, una agrupación paramilitar que ha sido empleada por las autoridades para sofocar las protestas.
De acuerdo con las autoridades Sheraki confesó durante el juicio haber recibido "pagos" para atacar a agentes policiales.
Con estos elementos, el pasado 1 de noviembre el tribunal declaró culpable al hombre de utilizar un arma "con la intención de matar, causar terror y perturbar el orden y la seguridad de la sociedad" y lo condenó por "odio contra Dios".
El fallo fue apelado, pero la Corte Suprema lo confirmó el pasado 20 de noviembre.
Preludio de lo que puede venir
La legitimidad del veredicto ha sido cuestionada por instancias internacionales. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, con sede en Noruega, calificó de viciado el proceso.
Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el activista advirtió las ejecuciones de manifestantes se volverán rutinarias, a menos que las autoridades de Teherán enfrenten "consecuencias prácticas rápidas a nivel internacional".
La justicia iraní, hasta ahora, ha anunciado que otras 10 personas han sido sentenciadas a la pena capital por los cargos de "odio contra Dios" o "corrupción en la Tierra" en relación con las protestas. Las identidades de todos los condenados no han sido reveladas.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que las sentencias de muerte estaban diseñadas para "reprimir el levantamiento popular" e "infundir miedo entre la población".
Los tribunales revolucionarios operan "bajo la influencia de las fuerzas de seguridad e inteligencia para imponer sentencias severas luego de juicios manifiestamente injustos marcados por procesos sumarios y predominantemente secretos", agregó la agrupación.
Crueldad extrema
Días antes de que se produjera esta ejecución el servicio persa de la BBC reveló que otro de los condenados a muerte ha sido objeto de tres ejecuciones simuladas en la prisión. Una práctica que activistas de Derechos Humanos han tachado como "tortura".
Sahand Noormohammadzadeh, 26 años, fue declarado culpable de obstaculizar el tráfico y prenderle fuego a un contenedor de basura y condenado a morir en la horca también por "odio contra Dios".
"Durante el juicio (sus captores) le pidieron subirse a una silla con los ojos vendados para ser ahorcado", revelaron las fuentes a Parham Ghobadi, del servicio persa de la BBC.
El joven, una promesa del fisicoculturismo, ha negado las acusaciones.
Sin embargo, los informantes aseguran que sus interrogadores le dijeron que si quería hablar con su madre, quien según ellos había sufrido un infarto, debía firmar una hoja en blanco. Los defensores de Noormohammadzadeh han dicho que sobre ese papel se escribió luego una confesión.
Las protestas contra el régimen teocrático iraní estallaron a mediados de septiembre, después de la muerte bajo custodia de Amini, quien fue detenida por la policía moral por supuestamente violar las normas sobre vestimenta para las mujeres.
Las manifestaciones lideradas por mujeres se han extendido a 160 ciudades en las 31 provincias del país y se consideran uno de los desafíos más serios para la República Islámica desde la revolución de 1979.
Las autoridades, por su parte, han sostenido que los "disturbios" son instigados por enemigos extranjeros del país y ordenaron a las fuerzas de seguridad que los "traten con contundencia".
Hasta el momento, al menos 475 manifestantes han muerto y 18.240 han sido detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).
