Seremi de Vivienda de Tarapacá autorizó 7 traspasos por $1.060 millones en solo un día a Fundación EnRed Social

Los convenios están siendo indagados por Contraloría y el Ministerio de Justicia. En el registro de transferencias de Hacienda aparecen sólo 4 de al menos 22 traspasos de dineros a la fundación en distintas regiones del país. En el caso de la Región de Atacama, la seremi Rocío Díaz autorizó tres convenios con la misma fecha por más de $340 millones, cifra que sobrepasada las 5 mil UTM que la Contraloría permite para no estar sujetos a la toma de razón. La Fundación EnRed Social existe desde 2020 y su director Aldo Bastidas fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda hasta febrero de 2022, un mes antes de que Boric llegara a La Moneda.

Qué observar. El 8 de agosto de 2022, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá de entonces, Francisco Javier Martínez Segovia, firmó 7 resoluciones que autorizaban traspasos a la Fundación EnRed Social por un total de $1.060.619.263.

Se trata de convenios del 29 de julio del 2022, realizados por trato directo, bajo el Programa Asentamientos Precarios.
Cinco de ellas fueron para “habilitación primaria”. Los montos fueron de $81.808.665, $153.591.298, $149.778.580, $266.701.898 y $175.238.822. Las otras dos transferencias fueron de $181.000.000 y $52.500.000 para “diagnóstico territorial campamentos”.
Poco más de un mes después de que Martínez firmara las 7 resoluciones, el 13 de septiembre, renunció a su cargo. Según fuentes del ministerio, su salida se debió a que estaba mal evaluado.

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Un ex analista del Minvu. EnRed Social es una fundación que inició actividades en el SII el 1 de septiembre del 2020. Su giro es “fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades”.

Su fundadora y directora ejecutiva es Carolina Andrea Pérez Fierro, quien es trabajadora social y cuenta con un magíster en Intervención Social y Pobreza de la U. Católica de Valparaíso.
En su página web se definen como una fundación sin fines de lucro que “promueve la inversión social de impacto público/privada, mediante la implementación de proyectos enmarcados en la innovación social y los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales tienen como fin favorecer la calidad de vida de los grupos más vulnerables de nuestro país”.
El director técnico de la organización es Aldo Bastidas Leal, quien fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda desde abril de 2019 hasta febrero de 2022, vale decir, hasta un mes antes de que Boric llegara a La Moneda.

Investigación en Contraloría y Ministerio de Justicia. EnRed Social forma parte de las 18 fundaciones que están siendo investigadas por el Ministerio de Justicia. Las alertas se prendieron por traspasos realizados en Atacama, pero la investigación compromete a todos los convenios firmados a nivel nacional.

A aquello se suma una investigación de la Contraloría Regional de Valparaíso luego de una solicitud ingresada por los diputados de RN Andrés Longton y Andrés Celis.
El caso forma parte de una auditoría que está realizando el ente fiscalizador al Ministerio de Vivienda.

Sin registro en Hacienda. En el registro de transferencias del Ministerio de Hacienda aparecen sólo 4 de los al menos 22 traspasos de dineros desde el Estado a la Fundación EnRed Social. Se trata de los municipios de Las Condes y Puente Alto, además de la subsecretaría de Hacienda, entre 2021 y 2022.

Sólo en la Región de Tarapacá hay 7 resoluciones en que se autorizan traspasos a través de la Seremi de Vivienda de la zona.
Entre las 18 resoluciones que firmó la Fundación EnRed Social con 6 Seremías de Vivienda, recibió $2.293.325.446 entre agosto y noviembre de 2022.
Desde la Subsecretaría de Hacienda explicaron que el registro de la información depende del servicio que entregó los recursos y del organismo beneficiado.
Según la ley 20.285 es deber de cada servicio publicar “las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios”.

El singular caso de Atacama. Existen dos convenios en la Región de Atacama por un total de $340.781.283, ambas por el Programa Asentamientos Precarios. Se trataba, según se consignó, de realizar un diagnóstico socio territorial del lugar.

Una de las resoluciones fue por $90.956.952 y, la otra, por $249.824.331.
Ambas transferencias fueron autorizadas por Rocío Díaz Gómez, seremi de la Región de Atacama.
El 27 de junio ella publicó en sus redes sociales una declaración pública en la que informaba que tenían 11 convenios vigentes con distintas fundaciones. Sostuvo que los convenios suscritos “se han realizado bajo un estricto control jurídico y ético” y que “no aceptaré que se levante información falsa o injuriosa respecto del trabajo realizado en mi calidad de seremi”.
Lo que no precisa Rocío Díaz en su declaración pública es que los dos tratos directos con la Fundación EnRed Social sobrepasan las 5 mil UTM ( $316.630.000), establecidas como monto máximo por la Contraloría para no tener que pasar por toma de razón del organismo.

En Valparaíso se congelaron los convenios. En el registro de transferencias de Hacienda tampoco se informan los 3 convenios que la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso suscribió con la Fundación.

Con fecha 21 de noviembre de 2022, la seremi de Vivienda de la zona, Belén Paredes Canales, autorizó tres traspasos por un total de $508.750.000.
Al igual que en las regiones de Tarapacá y Atacama, los convenios se efectuaron bajo el alero del Programa Asentamientos Precarios.
Así, se realizaron diagnósticos de campamentos en las comunas de Cartagena, Quilpué, Villa Alemana, Quintero, Valparaíso y Viña del Mar.
Según quienes conocen el caso, la semana pasada la Seremi de Vivienda de la región le informó a la fundación que se congelaban los convenios.

En la región de O´higgins también hay traspasos simultáneos. Hay otras tres regiones en las que la Fundación EnRed Social tiene convenios firmados con las secretarías regionales ministeriales.

En O’Higgins se firmaron tres convenios publicados a través de tres resoluciones con fecha 3 de noviembre, que en total suman $221.192.000.
Además se autorizó otro traspaso por $15.700.000 el 26 de octubre. Al día siguiente ocurrió un tercer traspaso por $45.382.900.
En total, en 8 días, el seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins, Oscar Alonso Muñoz Lara, autorizó 5 traspasos bajo el Programa Asentamientos Precarios por un total de $282.274.900.
En tanto, en el caso de Ñuble, el seremi Antonio Marchant autorizó dos convenios por $60 millones. En La Araucanía la Fundación EnRed tiene un contrato autorizado por la seremi Ximena Sepúlveda Varas por $40.900.000.

La respuesta del Minvu. Consultados por Ex-Ante, el Minvu contestó que el pasado 3 de agosto la Seremi de Valparaíso le notificó a la Fundación EnRed el “inicio del procedimiento de término anticipado y solicitud de devolución de recursos restantes de los convenios” por “eventual incumplimiento en la entrega de productos de la etapa I y en el inicio de las etapas II y III en los plazos establecidos, así como en la entrega de rendiciones y del informe de avance semestral”.

Se añadió que “todos los convenios suscritos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, en las 16 regiones del país, está siendo investigada por una comisión ministerial. Asimismo, se han entregado todos los antecedentes solicitados por la Contraloría para su auditoría respectiva a nivel nacional”.