Contexto General: Finalmente el Presidente Piñera optó por el abogado Samuel Donoso para su defensa en la causa de Dominga donde está imputado por los eventuales delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios, según lo explicó la jefa de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.
- Aunque la investigación se anunció el pasado 8 de octubre, hasta ahora no estaba claro quién sería el penalista que se haría cargo de la defensa del Presidente de la República, pese a que en las primeras 48 horas fue el abogado Juan Domingo Acosta quien asumió la vocería del caso, pues fue él justamente quien representó a Piñera en el caso de Exalmar, la pesquera donde el mandatario tenía acciones.
- El abogado Samuel Donoso es también defensor de Piñera en las causas donde se investiga su eventual responsabilidad en los casos de víctimas del estallido del 18 de Octubre, que también lleva la fiscal de la Región de Valparaíso Claudia Perivancich. Ella además conduce la indagatoria por Dominga.
Estrategia judicial. Respecto a eventuales acciones futuras a corto plazo, no se ha considerado presentar recursos de ningún tipo.
- En paralelo, quienes asesoran al Presidente en estas materias también están decidiendo quiénes serán los abogados que se harán cargo de representar a sus familiares por ser dueños de Inversiones Odisea Limitada, empresa creada por Piñera hace años.
- En este caso no podrá ser Juan Domingo Acosta, pues se vinculó con la anterior investigación, conducida por el exfiscal Manuel Guerra.
- Las evaluaciones respecto a los escenarios penales aún están analizándose, sobre todo tras la entrevista de Guerra en El Mercurio, donde dijo que le parecía correcta la decisión de abrir una nueva investigación.
- Fuentes allegadas al caso explican que dicha entrevista hizo cambiar la estrategia jurídica, pero que eso no genera más o menos intranquilidad respecto al resultado, pues se cree que no se llegará a nada en concreto.
El escenario electoral vs el penal: Se trata de un escenario legal complejo y no solo para el gobierno. También lo es para el Ministerio Público, aseguran fuentes al interior de la institución, pues son varios casos de alta complejidad que involucran de manera indirecta a políticos.
- Al caso Dominga se suman las indagatorias del caso Luminarias, donde se conoció hace pocos días un informe de la Contraloría que cuestionan decisiones del municipio que dirige el comunista Daniel Jadue.
El anuncio de Abbott: El pasado 8 de octubre, el Ministerio Público anunció la decisión de abrir una investigación a partir de la operación de la venta de la minera Dominga, en 2010.
- La compra de la minera Dominga, equivalente a un total de US$152 millones, fue realizada por Carlos Alberto Délano e involucró a la familia Piñera Morel.
- El ex fiscal Guerra indagó en 2017 la arista que comprometía al proyecto minero, al investigar el caso Exalmar. Guerra eximió de responsabilidades al Mandatario en la operación de venta de la minera.
- Sin embargo, cuando se anuncio la apertura de una nueva carpeta de investigación, la directora Anticorrupción del MP, Marta Herrera, dijo que “la opinión técnica es que los hechos del caso Dominga no estarían amparados por la cosa juzgada y por lo tanto corresponde investigar”.
- “Si está prescrito o no, eso tendrá que verse en una investigación”, agregó.
Lo que dijo el Presidente: Piñera emitió varias declaraciones a partir del reportaje publicado por LaBot y Ciper, donde se indicaba que la operación, cuyo último pago dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, incluyó a la familia Piñera Morel, que originalmente era accionista.
- “Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”, indicó el reportaje.
- El Presidente indicó que no tuvo conflictos de interés, que siempre se ajustó a las normas tributarias y afirmó -al igual que en una declaración pública- que todos los antecedentes fueron conocidos desde 2017 por los medios de comunicación y los tribunales de justicia, los cuales lo eximieron de cualquier responsabilidad penal en los hechos, lo que fue confirmado en todas las instancias judiciales.
- Negó además que existiera un conflicto de interés en el último pago de la operación, ya que -según indicó- no hubo una solicitud de la empresa de Délano ante autoridades del Estado para que se frenaran cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
- Es precisamente por esta cláusula -escrita en su versión en inglés- por la que la Fiscalía abrió una nueva indagatoria.
