Qué observar. La tarde de este viernes, el Ministerio de Bienes Nacionales paralizó la compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, en Providencia. Se trataba de una iniciativa del Presidente Boric —que se ha mostrado como un firme partidario de su gobierno— y que tenía como objetivo transformar la residencia del exmandatario en un museo.
- “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, indicó el ministerio liderado por la periodista Marcela Sandoval (FA).
- La declaración no mencionó a la ministra Maya Fernández, nieta de Allende. Fernández tiene parte de la propiedad de la casona desde 1998, motivo por el cual el gobierno desistió de la transacción. La secretaria de Estado es hija de Beatriz Allende, quien se suicidó en 1977 en La Habana, y su hermano Alejandro Fernández también es propietario, además de las hijas del ex Presidente, la senadora Isabel Allende y Carmen Paz Allende.
- La compra de la vivienda había sido calculada en 24.291 UF, $933 millones a la fecha.
- Detrás de la operación estuvieron tanto Bienes Nacionales como el Ministerio de las Culturas, que el 30 de diciembre informaron como un gran logro la adquisición de la casa de Allende —construida por el reconocido arquitecto Fernando Castillo Velasco en 1948— y las dos viviendas del expresidente Patricio Aylwin en calle Arturo Medina, también en Providencia.
- Solo el museo de Aylwin sigue en pie a 4 días de haberse anunciado ambos proyectos.
Los impedimentos legales. Este viernes, La Moneda recién se enteró que tanto Fernández como la senadora Allende estaban impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el Estado.
- Según el artículo 37 bis de la Constitución, “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
- Para los parlamentarios, el artículo 60 establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
- Conocedores de las tratativas para la compraventa de la residencia atribuyen la cadena de errores al Gobierno y al asesor jurídico de la sucesión de Allende, entre otros.
- Contactados por Ex-Ante, desde el equipo de la senadora Allende y el Ministerio de Defensa declinaron entregar una versión.
- Por la tarde, de todas formas, trascendió que Fernández no estaba de acuerdo en pasar por encima de lo que la Constitución dictamina.
La primera señal de La Moneda. La vocera subrogante Aisén Etcheverry había defendido en T13 la adquisición y el hasta entonces museo Allende, pero dejó abierto el proceso al ser consultada si existía un conflicto de interés entre el hecho de que el Estado compre la propiedad y que la ministra Fernández fuera una de las propietarias
El decreto de Bienes Nacionales. El 25 de noviembre, el departamento jurídico de Bienes Nacionales emitió un decreto de cinco páginas que autorizaba la compra de la vivienda.
- “La presente adquisición se fundamenta en la necesidad e interés de adquirir estos inmuebles como iniciativas de inversión patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, establecidas en la Ley de Presupuesto para el Sector Público para 2024”, se lee en el documento.
- El decreto añade que dado el interés en adquirir la casa del expresidente, “se solicitó al Ministerio de Hacienda modificar el presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural”, de modo de permitir la operación.
- Además, establece que el pago de las más de 24 mil UF se realizaría una vez inscrito el dominio a nombre del Fisco en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
El decreto de toma de razón de Contraloría. El 20 de diciembre, la Contraloría tomó razón del decreto emitido por Bienes Nacionales y dio curso al documento “por encontrarse ajustado a derecho” a través del contralor subrogante Víctor Hugo Merino. La decisión generó sorpresa entre algunos abogados, considerando que si el proceso concluía en buenos términos iba a significar al menos la salida de la ministra Fernández y la senadora Allende, al tratarse de una operación inconstitucional.
- En el organismo se indicó que la autorización no fijaba una fecha específica para que el Fisco comprara el inmueble, por lo que el decreto era legal, y que no realizó un pronunciamiento respecto de su fundamento jurídico, vale decir, si era legal o no que la ministra Fernández firmara un contrato con el Estado.
- La toma de razón, de todas formas, indica en su encabezado que “cursa con alcances” el decreto del Bienes Nacionales.
- “En la parte considerativa del decreto en trámite no se consignó expresamente la forma en que se estableció el precio de adquisición de la propiedad en cuestión”, señala.
- “Fueron acompañadas tres cotizaciones comerciales externas, motivación que, en lo sucesivo, deberá incorporarse expresamente en el pertinente acto administrativo”.
- El segundo reparo tiene que ver con un error en la dirección de la vivienda: el decreto la ubica en Guardia Vieja 392, cuando queda en Guardia Vieja 398.
- En el ente contralor se indica que, de haber ingresado al organismo el contrato final de compraventa, no se hubiera tomado razón dada su evidente ilegalidad.
LEA AQUÍ EL DOCUMENTO DE CONTRALORÍA:
