"Constituyentes se suben el sueldo" es el texto que acompaña un video que circula en redes sociales, donde -de fondo- aparece hablando el vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, en relación al presupuesto de la instancia que, en un plazo no mayor de 12 meses, deberá presentar una propuesta de nueva carta magna, abordando temas como los derechos fundamentales, la ciudadanía y cómo se ejerce, entre otras materias.
Lo cierto es que la convención NO SE SUBIÓ EL SUELDO y en esta nota te explicamos el por qué.
Lo que dijo el pasado miércoles Jaime Bassa fue que "se nos confirmó un aumento aprobado del presupuesto para la constituyente", el que pasará de $6.700 millones a $8.370 millones.
Pero luego agregó: “no necesariamente implica que se cuenta con mayor dinero, si no que se amplían los recursos que da el Estado” para los gastos operaciones de la instancia, en un contexto de una agitada semana, que estuvo cruzada por la falta de insumos para el funcionamiento de la convención: desde el Wifi, hasta computadores y basureros.
Junto con esto, la Convención decidió suspender todos los procesos de licitación que estaban en curso, esperando que la mesa realice una revisión de los gastos hasta ahora a cargo del ejecutivo.
¿Cuál es el sueldo de los constituyentes?
Por otro lado, debes saber que la dieta de 2,5 millones de pesos mensuales que recibirán los constituyentes por cumplir su función ya fue fijada en la ley de presupuesto, por lo que no puede ser modificada.
Junto con esto, la Convención tiene una serie de limitaciones, entre ellas que deberá respetar los tratados internacionales, las sentencias judiciales ejecutoriadas y el régimen democrático.
Asimismo, las decisiones del organismo deberán contar con un quórum de 2/3 de sus integrantes, lo que busca forzar la existencia de mayorías. Y todo lo que se decida será sometido a una plebiscito, donde la ciudadanía deberá aprobar o rechazar el texto propuesto.
Adicionalmente, es importante que sepas que quienes integren la convención constitucional no podrán postular a cargos de elección popular hasta por un año después de que el organismo termine su trabajo.
