Tras 8 años de trámite en el Congreso, este miércoles el Senado aprobó de forma unánime el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos, quedando así listo para ser despachado como Ley.
Ahora, cerca de 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.
Asimismo, el proyecto detalla que los sujetos obligados a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo sobre el financiamiento del terrorismo.
“Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa respecto de la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y nos ayuda a situarnos dentro de la línea formal de cumplimiento a nivel global”, aseguró Javier Cruz, director de la UAF.
El cuerpo legal amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, agregando el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico, las estafas y otros engaños, y el delito tributario.
