Lo anterior se debe a los posibles ilícitos de que las casas de estudio se pudieron beneficiar con una acreditación irregular que derivó en la entrega de Crédito con Aval del Estado por más de 4.000 millones de pesos.

Los tres ex rectores de dichas instituciones están formalizados por soborno y lavado de dinero en la causa que sostienen los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, por irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Esta arista del caso CNA fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y busca que se investiguen los fondos entregados entre el segundo semestre de 2010 hasta fines del año 2011.

Las instituciones involucradas podrían perder la personalidad jurídica. Además arriesgan una multa máxima de 20 mil UTM (800 millones de pesos), la prohibición temporal o perpetua para realizar actos y contratos con organismos del Estado, la pérdida de los beneficios fiscales y el decomiso de los bienes que se obtuvieron ilícitamente, si es que en el juicio oral se comprueba todo esto.
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