El gobierno explora la alternativa de legislar sobre la extensión de las prisiones preventivas ante la falta de piso político para el avance del proyecto de indulto a los denominados presos de la revuelta. En medio de estas definiciones, la Corte Suprema cifró en 29 las personas que aún esperan sentencia tras ser formalizados por delitos como saqueos y atentado explosivo.
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