Es uno de los casos emblemáticos en la discusión sobre la violencia en el pololeo, y justo cuando se cumple un año desde su muerte, la justicia decidió reabrir la investigación por el fallecimiento de Antonia Garros. Los querellantes esperan que una batería de diligencias puedan establecer si existe responsabilidad de terceros, en lo que califican como un "suicidio inducido".
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