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Política

Violento desalojo de dirigentes marcó rechazo de veto para reajuste público en el Congreso

Violento desalojo de dirigentes marcó rechazo de veto para reajuste público en el Congreso
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Representantes de la Mesa del Sector Público y de la CUT, entre ellos su presidenta Bárbara Figueroa, fueron expulsados del hemiciclo en la Cámara de Diputados emitiendo duros epítetos contra el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Un acalorado debate se dio en el hemiciclo y las tribunas de la Cámara de Diputados durante la discusión del veto indicativo presentado por la Presidenta Michelle Bachelet para reponer el reajuste de 3,2% para los trabajadores del sector público y que finalmente fue rechazado en dicha instancia.

Fue al comienzo de la discusión, en medio de la llegada del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés al hemiciclo, que los asistentes al debate comenzaron a exigir su salida. "El ministro Valdés que renuncie de una vez”, era el grito de los empleados fiscales que retumbaba en las tribunas.

Sin embargo, fue durante la intervención del jefe de bancada de los diputados PPD Ramón Farías, que ratificaba su voto a favor del guarismo que había sido acordado anoche en una reunión entre el comité político y los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría en La Moneda, que los gritos desde las tribunas obligaron al diputado PS Osvaldo Andrade a suspender la sesión y solicitar el desalojo de las tribunas.

En el público se encontraban los máximos representantes de los quince gremios que forman la Mesa del Sector Público, además de parte de la mesa directiva de la CUT, entre ellos su presidenta Bárbara Figueroa, quien fue obligada por Carabineros a salir en medio de forcejeos. En ese momento comenzó el caos en el Congreso.

Bárbara Figueroa es desalojada de las tribunas
Bárbara Figueroa es desalojada de las tribunas

Fue en medio del desalojo donde la líder de la CUT lanzó duros epítetos en contra el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, mientras era escoltada por las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo para que no fuera obligada a salir del Congreso.

"A la mesa le corresponde garantizar el derecho de los parlamentarios a expresarse", señaló una vez que se retomó el debate el presidente de la Cámara Baja, el diputado PS Osvaldo Andrade, justificando la decisión adoptada.

"Este presidente no tiene ningún inconveniente en aplicar la norma porque lo que tiene es una convicción democrática. Nadie le puede impedir a un parlamentario expresar su opinión, más aún cuando lo hace en el hemiciclo, más aún cuando lo hace cumpliendo con la normativa vigente", añadió.

No obstante, a esa altura, parlamentarios oficialistas daban señales de que se concretaria una nueva derrota del Ejecutivo.

Rechazo ad portas

El diputado PC Lautaro Carmona señaló durante su intervención señaló que se debía construir un nuevo acuerdo "que permita un reajuste dentro de las condiciones que están planteadas. (...) Para ello está el recurso que venga un nuevo proyecto y ahí espero se acoja de parte del Ejecutivo los argumentos que se han entregado y han explicitado los trabajadores".

Pero fue al cierre de su intervención donde Carmona dio cuenta de cuál sería la actitud adoptada por su partido. "Algunos se imaginan que la votación de la bancada nuestra es clave. No, es exactamente la que es. Somos seis parlamentarios y tenemos comprometidos un voto que no va a aprobar esta propuesta", afirmó.

En definitiva, el veto fue rechazado con 44 votos a favor, 37 abstenciones y 28 en contra, entre ellos, los seis votos de los diputados comunistas, más representantes de la DC, el PPD, el PR y el PS. 

La dicusión de este proyecto era una prueba de fuego para la relación del gobierno y los representantes de la Nueva Mayoría, luego que la DC decidiera congelar su vínculo con el Ejecutivo tras el fracaso en las elecciones municipales. En esta línea, la colectividad falangista elaboró una propuesta que permitiera el descongelamiento de la relación bajo tres conceptos: unidad, mayor coordinación y capacidad de priorizar.

Sin embargo, este resultado puede marcar un nuevo retroceso en la relación de La Moneda con sus aliados políticos.

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