Pablo Cádiz y Flavia Cordella
El pleno del tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento interpuesto por 31 parlamentarios de la oposición que cuestiona los criterios fijados para determinar qué alumnos accederán a la gratuidad universitaria en 2016.
De esta forma, el tribunal abrirá un proceso de alegatos donde cada una de las partes –gobierno y parlamentarios- plantearán sus puntos de vista. El plazo máximo para entregar la sentencia será el día 23 de diciembre.
Según detalló el relator del tribunal, Rodrigo Pica, las instituciones y organizaciones que deseen comparecer ante el tribunal podrán hacerlo por escrito formulando sus observaciones y acompañar antecedentes hasta el lunes 7 de diciembre a las 13 horas.
Asimismo, el Gobierno tendrá plazo hasta el próximo martes a la medianoche para entregar sus descargos. La defensa está a cargo de la abogada y ex ministra de la Segpres, Paulina Veloso.
Junto con esto se fijó una audiencia pública, que se realizará el miércoles 9 y la vista de la causa se realizará al día siguiente.
El escrito de 71 páginas interpuesto por parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli tiene dos ejes:
1) Cuestionamiento al uso de la ley de presupuesto: Los parlamentarios impugnan la implementación de políticas públicas permanentes a través de la ley de presupuesto.
En concreto sostienen que el contenido de la glosa de gratuidad impone una regulación sobre educación superior que excede el contenido constitucional del erario, dispuesto en su artículo 67.
Por otro lado, acusan que se limita “indebidamente el debate democrático” en el Congreso, debido a los plazos acotados que tiene la tramitación de la ley de presupuesto.
2) “Discriminación arbitraria”: En el documento los parlamentarios acusan arbitrariedades en los criterios para determinar qué estudiantes reciben la gratuidad y cuáles no.
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El Gobierno ha señalado que pese a un eventual fallo desfavorable "la gratuidad va". Si bien en un primer momento se habló de una posible "ley corta" para regular el inicio de la gratuidad en 2016, el Ejecutivo ha dicho que se optará por una vía "administrativa".
En este sentido, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció en Tel13 Radio que acotar el beneficio a las universidades del Cruch vía aportes basales "es una posibilidad".
El proceso ante el TC se tramita justo en momentos cuando los estudiantes esperan los resultados de la Prueba de Selección Universitaria, lo que ha añadido un factor adicional de incertidumbre.
