Este miércoles, la Sala del Senado aprobó de forma unánime (con 35 votos a favor) la idea de legislar el proyecto que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas de transparencia, límites y control del gasto electoral.
El proyecto se originó de una moción parlamentaria que buscaba dejar fuera de su cargo y de funciones de representación ciudadana futuras a aquellos que hayan sido electos mediante prácticas ilegales y delictivas en el financiamiento de sus campañas.
De todas formas, los legisladores adelantaron que el proyecto requiere de perfeccionamiento, por lo que introducirán una serie de indicaciones.
En ese sentido, el senador Manuel José Ossandón (RN) señaló que se trata de un "proyecto bueno, pero tiene letra chica. Me parece que el cargo de Presidente no puede quedar fuera de esta medida”.
Esto último fue respaldado por el senador Iván Moreira (UDI), quien afirmó que "es de suma urgencia aprobar la iniciativa. En consideración a la crisis por la que está pasando nuestro país es un deber ético poner nuestros esfuerzos para esto y recuperar las confianzas entre las autoridades y la ciudadanía".
"Espero que la ley orgánica que le debe seguir a esta norma diga claramente cuál es la sanción", añadió la senadora Isabel Allende (PS).
"Hemos llegado a una redacción que forma parte de la agenda de probidad de la Presidenta y del estándar de transparencia que los ciudadanos nos están planteando", sostuvo Felipe Harboe (PPD).
El senador Carlos Montes (PS), en tanto, aseguró que "el tema de la relación política-dinero es muy sustantivo y debemos discutir mucho más; estamos gastando mucho en las campañas y no hay sanciones efectivas y esto ha afectado la calidad de la democracia y de la política, en términos de legitimidad. Hay desconfianza profunda y eso debemos enfrentarlo para construir mejores estándares".
