Por Paula Comandari
El golpe lo resintió, y mucho, Oscar Landerretche. En octubre pasado, la Contraloría detectó ciertos problemas en Codelco y su presidente había encontrado la excusa perfecta para exigir mayores controles y pedir más transparencia. En enero, de hecho, le comunicó al contralor Jorge Bermúdez que la compañía estaba perfeccionando sus estándares de control y buen gobierno corporativo; pero también le dijo que no estaba de acuerdo con él, en su visión de que Codelco debía manejarse como cualquier otra empresa pública.
El desafío de hacer de Codelco una compañía con mejores estándares de probidad se lo había autoimpuesto Landerreteche, tres años antes, cuando comenzó su gestión en la cuprífera. De hecho, era parte del mandato que le había hecho la propia Presidenta Bachelet al asumir su cargo.
El mismo Landerretche le ha comentado a sus cercanos que la firma ha ido cumpliendo sus objetivos: de acuerdo al Consejo para la Transparencia, la empresa estatal pasaba de los últimos lugares entre las empresas públicas, a cumplir con el 100% del cumplimiento en esta materia.
Esa información la recibieron en Codelco, hace cuatro días, en medio de los cuestionamientos que el contralor efectuó en contra de la empresa pública: en un dictamen, Bermúdez objetó el retiro de un ex directivo de Codelco -Augusto González- que recibió cerca de $ 500 millones por concepto de indemnización. La investigación del ente fiscalizador sigue abierta y vendría a cuestionar otros planes de retiro que ya estaban en trámite al interior de la cuprífera.
Por otra parte, el contralor examinó las asignaciones directas para adquirir bienes y servicios, y puso en duda la validez de la contratación de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $ 31 mil millones y cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco.
Todo esto complicó a Landerretche y su equipo, porque ambos casos fueron supervisados por Cochilco -ente encargado de fiscalizar a la cuprífera- y por el directorio, el cual se aseguró que la persona que poseía el vínculo en cuestión no hubiera participado en el proceso.
El conflicto tiene que ver con el modo de administrar la empresa. Según Bermúdez, Codelco debe regirse por la Ley Orgánica Constitucional y la Ley de Compras Públicas, las cuales no permiten que las empresas dispongan libremente de su patrimonio. En la vereda de enfrente, Landerretche ha señalado públicamente que Codelco se rige por Ley de Gobierno Corporativo de Codelco y de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuales entregan total libertad a las compañías para manejar los recursos y para concretar licitaciones directas con el beneplácito del directorio.
¿Se paraliza la inversión?
En Codelco ya se han comenzado a sentir los primeros efectos de esta acusación, que ya está en manos de la Fiscalía. Una situación que ha incomodado a Landerretche a tal punto, dicen sus cercanos, que incluso hay conversaciones sobre la mesa para concretar su renuncia.
El tema de una eventual salida la ha conversado incluso con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la estatal, quien según fuentes consultadas seguiría los pasos de Landerretche. En el sindicato, de hecho, aseguran que es un escenario que podría ocurrir en cualquier minuto. Y sería una decisión que ya manejan en Palacio.
Quienes conocen bien a Landerretche aseguran que está “indignado” con esta situación, porque lo deslegitima frente a todos los empleados y lo ata de manos para concretar proyectos y reformas de probidad que estaban en la puerta del horno.
De paso, se han paralizado varios planes de retiro que la compañía debía ejecutar en pos de la eficiencia de la empresa. Por ejemplo, en Chuquicamata era necesario desvincular a varias personas que no cumplían con el perfil de las nuevas faenas. Todo eso quedó completamente en foja cero, y podría provocar consecuencias, incluso una huelga, dicen desde la empresa.
Los paños fríos vinieron desde Contraloría este jueves, cuando el organismo publicó un segundo dictamen, en el cual Bermúdez explicó que el primer dictamen “no ha determinado la imposibilidad de que Codelco lleve a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores, como pareciera entender el interesado”, detallando además que “tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer los respectivos acuerdos”, aunque rechazó la solicitud de reconsideración planteada por los ejecutivos de Codelco.
En la firma estatal explican que, de hecho, las indemnizaciones -y planes de retiro- son históricas y siempre se han analizan caso a caso. Afirman que incluso la de González era la alternativa más eficiente y barata para la empresa. Aunque esto, insiste Contraloría, será supervigilado por ellos para que sean decisiones que cumplan criterios de eficiencia, eficacia y probidad. “Eso no es atribución de Contraloría, de hecho el directorio no va a aguantar esa determinación”, contraargumentan desde Codelco.
Sigue la incertidumbre
En la empresa estatal aún esperan la reconsideración que en las próximas semanas deberá entregar Bermúdez respecto a los contratos que Codelco cierra con terceros, sin licitación. Aunque un director de Codelco afirma que las asignaciones directas se han reducido de 20% a 2% en la gestión de Landerretche, hay situaciones de emergencia que las ameritan.
La incertidumbre comercial, luego de los cuestionamientos, ha generado sus primeras consecuencias: hasta ayer la cuprífera contabilizaba la paralización de cuatro importantes contratos de construcción por varios millones de dólares, porque los participantes en este escenario habrían preferido no cerrar acuerdos comerciales. Un punto no menor, considerando que la inversión anual de Codelco -unos 4 mil millones de dólares- podría quedar en entredicho.
Varias de las empresas proveedoras de la cuprífera han manifestado públicamente su preocupación por la interpretación de la Contraloría al marco normativo que regula las relaciones comerciales de Codelco. Sobre todo, considerando que la empresa tiene cerca de 60 mil trabajadores contratistas.
En el mercado la preocupación viene desde los tenedores de bonos de Codelco. Estiman que es posible que se impacte el valor de los papeles, considerando que la empresa tiene una deuda de US$15 mil millones y si los diversos negocios que tiene la cuprífera en carpeta no se concretan, se complican esos pagos.
En Codelco ya mandaron a hacer seis informes de derecho que vendrían a respaldar el actuar de la compañía, aun cuando Contraloría envió los antecedentes de la empresa estatal al Ministerio Público, que en cualquier momento podría llamar a declarar a Landerretche. Si esto ocurre, en Codelco dan por contada la renuncia del máximo ejecutivo.
