El lunes pasado los teléfonos de los principales dirigentes de Revolución Democrática comenzaron a sonar y recibir mensajes de alerta, advertidos de la publicación de una noticia que puso al novato partido político en el ojo de la Contraloría.
Un preinforme del ente fiscalizador, difundido por La Tercera, involucró la gestión del ex director de Educación de Providencia y militante de RD, Mariano Rosenzvaig.
El documento cuestiona gastos "improcedentes" en las cuentas de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia -dependiente de la Municipalidad- de los que "no se advierte su carácter educativo", sostiene el preinforme, y que corresponderían a recursos del Fondo de Apoyo a la Educación (Faep) y la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinados a los estudiantes más vulnerables.
El texto, de carácter preliminar, consignó $ 2.740 millones sin rendir durante la gestión de la alcaldesa independiente apoyada por RD, Josefa Errázuriz, junto con gastos irregulares en vestuario, regalos y fiestas.
No habrá defensa corporativa, pero hay que dar toda la información
En la coordinación, telefónica y virtual sobre el mensaje que entregarían a la prensa, los miembros de RD acordaron una dura línea de acción: no habría "defensas corporativas" y "facilitarían la investigación", pero tampoco aceptarían el "aprovechamiento político" sobre la materia que acusan por parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien denunció las presuntas irregularidades que derivaron en la investigación de la Contraloría.
El primero en hacer frente al tema el mismo lunes fue el diputado Giorgio Jackson. “Bien que se investigue. No habrá defensa corporativa, pero hay que dar toda la información", afirmó el ex dirigente estudiantil.
Jackson apuntó a que los gastos que menciona el preinforme como cuestionables, "además de ser un porcentaje menor sobre el gasto total, son -invertidos- en convivencia laboral que venía ejecutándose desde la época de Cristián Labbé", y no fueron parte "del plan de administración pasada” de Errázuriz y el ex director de Educación Rosenzvaig (RD).
Como sea, la investigación golpeó al partido en el corazón de su relato político: educación, y se sumó a otras controversias que han configurado el legado de Revolución Democrática en el ámbito educacional.
Tras las movilizaciones de 2011, el partido colaboró directamente en este campo durante la primera parte del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, posición desde la que empujaron la reforma educacional y sus proyectos de ley, situación que aún los tensiona y por los que esta semana incluso sostuvieron una polémica pública con sus socios del Frente Amplio.
El aterrizaje en el Gobierno
En febrero de 2014 el académico de la Universidad Diego Portales y militante de RD, Gonzalo Muñoz, fue contactado por quien fue el primer ministro de Educación del actual Gobierno, Nicolás Eyzaguirre. En paralelo, la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga, también lo llamó por teléfono.
Previamente y en distintas ocasiones, Muñoz se había encontrado con Quiroga en foros y seminarios educativos, él como académico y ella como directora de Política Educativa de la Fundación Educación 2020. Pero en esta ocasión, tanto Quiroga como Eyzaguirre lo estaban contactando para sumarlo a un puesto clave en el Gobierno de la Nueva Mayoría, conglomerado al que RD no adscribe.
El aterrizaje del movimiento en el Ejecutivo coincidió con un momento de alta popularidad de Bachelet, quien al inicio de su mandato aparecía con un amplio respaldo en la opinión púbilca.
En esa época, desde el bacheletismo miraban con buenos ojos incorporar a sectores como Revolución Democrática, ya que sumarían nueva capacidad técnica, el capital simbólico de las movilizaciones educacionales que exigieron el "fin del lucro" y sus vínculos con organizaciones sociales.
En ese periodo, además, RD postulaba la "colaboración crítica" con las reformas estructurales de Bachelet, por lo que tanto Muñoz como el ex presidente de la FEUC, Miguel Crispi, se sumaron al equipo de Eyzaguirre, asumiendo la jefatura de la División de Educación General (DEG) y una asesoría en el gabinete ministerial, respectivamente.
Sin embargo, la incorporación generó polémica en el oficialismo y los sectores políticos emergentes relacionados a la movilización educacional. A futuro, los vínculos incluso tensionaron al diputado Giorgio Jackson en sus votaciones frente a los proyectos de ley.
Se ha construido un mito un tanto ridículo de que éramos nosotros (RD) los que controlábamos el Mineduc
Semanas antes de que comenzara el Gobierno de Bachelet, el entonces presidente de la DC, Ignacio Walker, advirtió su preocupación porque su partido estuviera "fuera de la foto en educación, donde más diferencias hay con la izquierda". Su mensaje no iba dirigido sólo al PC, sino que al bacheletismo en general, dada la "importación" de RD que hicieron en el Mineduc, reducto donde históricamente la falange había tenido gran influencia en los gobiernos de la Concertación. Por otro lado, desde el movimiento estudiantil los dirigentes de la Confech marcaron distancia hacia la acción, destacando su independencia con el Gobierno.
Junto con Muñoz y Crispi, llegaron más militantes RD al Mineduc y a otras reparticiones del Ejecutivo, entre quienes algunos siguen en el Gobierno. Y desde sus puestos clave influyeron en la redacción de algunos proyectos de la reforma educacional, como en el área del fin de la selección, la desmunicipalización y el mensaje del proyecto de reforma de educación superior. Pese a esto, hoy Muñoz advierte a T13 Semanal que "se ha construido un mito un tanto ridículo de que éramos nosotros los que controlábamos el Ministerio de Educación”.
Su poder en Mineduc y una abrupta salida
Con el capital político de Bachelet aún por las nubes, Eyzaguirre y sus colaboradores -entre ellos Muñoz y Crispi- iniciaron el diseño de las reformas y su legislación en el Congreso. Así, comenzaron por el administrador provisional y de cierre de la educación superior, el fin al lucro, el copago y la selección en la educación escolar, la desmunicipalización, la carrera docente y la reforma de educación superior, temas sensibles para algunos sectores del conglomerado de Gobierno.
El orden del envío de los proyectos de ley, de hecho, generó controversia en el oficialismo, donde aún es materia de críticas por parte de parlamentarios hacia el Ejecutivo. Sin embargo, tanto la Presidenta, Eyzaguirre y RD, coincidían en que había que partir por "lo más difícil" políticamente, aprovechando el piso con el que contaba Bachelet al inicio del Gobierno. Además, argumentan hoy, era necesario primero "desmantelar el mercado" en la educación general antes de fortalecer la educación pública, sino ésta última seguiría siendo arrasada.
El panorama para el movimiento político cambiaría con el correr de los meses. Tras un año de Gobierno, el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU) -al que pertenecieron varios de los liderazgos de RD- perdió la Federación de Estudiantes de la UC. Junto con esto, en febrero de 2015 estalló el Caso Caval, y el respaldo con el que contaba la Presidenta Bachelet en las encuestas comenzó a decaer.
Las decisiones en el Mineduc se estaban alejando de la promesa inicial
Luego, en mayo la mandataria removió a sus ministros de Interior y de Hacienda, Rodrigo Peñailillo (PPD) y Alberto Arenas (PS), para incorporar a Jorge Burgos (DC) y Rodrigo Valdés (PPD). Así, en medio de la desaceleración económica, la mandataria adoptó en julio de 2015 la consigna del "realismo sin renuncia", realizando un cónclave en el que redistribuyó la gratuidad comprometida, gradualizándola. Finalmente, en mayo de 2016 y en miras a la elección municipal de octubre de ese año, Muñoz y Crispi renunciaron mediante una carta pública.
Las reacciones a la salida de ambos RD fueron múltiples, y mientras sectores oficialistas los siguen acusando de "oportunistas", en privado varios militantes del partido admiten que fue un "alivio", considerando los permanentes cuestionamientos que enfrentaban por estar en el Gobierno y mantener posiciones críticas a la Nueva Mayoría.
Muñoz explica en perspectiva que llegaron "a la convicción de que las decisiones en el Mineduc se estaban alejando de la promesa inicial" y que como RD decidieron "comenzar a impulsar la creación del Frente Amplio”. Hoy Crispi es candidato a diputado por el bloque en La Florida, el mismo distrito de Camila Vallejo (PC) y Muñoz es integrante del equipo de educación de la candidata presidencial, Beatriz Sánchez.
El 'fantasma' de la colaboración crítica en el Frente Amplio
Pese a que con el tiempo el retiro de ambos militantes del Mineduc calmó ciertas críticas, las diferencias políticas frente a la reforma educacional persisten en el Frente Amplio. Esta semana RD se vio envuelto en una polémica educativa adicional a la investigación de Contraloría y la Fiscalía sobre el déficit en Providencia.
La postura del partido de Giorgio Jackson frente al proyecto de ley que desmunicipaliza la educación pública y crea los servicios locales de educación, abrió un debate público con otro referente del bloque. "Apoyamos decididamente iniciar hoy un proceso de desmunicipalización, creando en su reemplazo un sistema nacional de educación pública que permita darle una centralidad necesaria y reparar el daño", afirmó la columna de opinión de la comisión de Educación de RD publicada en El Desconcierto, donde advierten que la iniciativa que se tramita en el Congreso "constituye un paso relevante en este sentido".
Sin embargo, el proyecto no genera el mismo apoyo en el Frente Amplio. Es más, por redes sociales y a través de otra columna de opinión en el mismo medio, militantes del Movimiento Autonomista (MA) y el Movimiento Político Socialismo y Libertad (SOL) sostuvieron que "la posición expresada -por RD- no se condice con lo planteado por nuestra actual candidata presidencial sobre el tema, puesto que la compañera Beatriz Sánchez ratificó ante el magisterio su apoyo irrestricto a las posiciones que ha venido manifestando el Colegio de Profesores sobre el particular, es decir, su completo rechazo a la iniciativa del Gobierno".
En este contexto, el diputado diputado Giorgio Jackson enfrentará la próxima semana además la crítica votación de la reforma de educación superior en la Cámara, con las consiguientes interpretaciones que habrá sobre la participación directa que hubo de militantes de su partido en la elaboración del proyecto de ley. Lo anterior, después de que el Gobierno ya postergó para noviembre el envío de la iniciativa que eliminará el Crédito con Aval del Estado (CAE).
