En la sesión ordinaria de esta jornada de martes de la Comisión de Hacienda del Senado, sus integrantes no votaron el proyecto en favor del Estado a una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, como se supone que ocurriría, porque la oposición pidió posponer este trámite con el fin de buscar un acuerdo con el Gobierno, de manera que a raíz de lo mismo el Ejecutivo tampoco ingresó las indicaciones que había anunciado con anterioridad.
Sin embargo, ello no impidió que el ministro de Hacienda asistiera a la comisión y realizara una presentación a los senadores sobre las indicaciones que pretende ingresar al proyecto. Aunque podrían variar, en el contexto de que se alcanzara un acuerdo con la oposición que asegure un respaldo mayor y más transversal de la medida en la Sala.
Así, Marcel llegó con la presentación de 17 carillas bajo el brazo. En ellas se contemplan tres materias que serían objeto de indicaciones de parte del Gobierno y que dicen relación con mantener la obligación de informar los Estados Financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); reponer los gastos de organización y puesta en marcha como un costo para efectos del cálculo de la base imponible del componente sobre el margen del royalty; y, establecer una carga tributaria potencial máxima de 50%, considerando conjuntamente el royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (impuesto adicional) que hubiese correspondido pagar si los accionistas distribuyen un 100% de las utilidades.
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Respecto del primer punto, Marcel explicó durante la presentación que en la actualidad las empresas mineras, sujetas a contratos de invariabilidad tributaria, están obligadas a informar sus estados financieros auditados a la CMF lo que se ha convertido –dijo- en una valiosa fuente de información para la discusión pública sobre la minería en el país; sin embargo, al expirar los contratos de invariabilidad tributaria -muchos de ellos en 2023- también lo hace la obligación de informar, por lo que se incluirá a modo de indicación una norma que obliga a todos los contribuyentes del royalty a informar trimestralmente sus estados financieros, auditados por una empresa auditora externa, con el fin de mantener este valioso flujo de información sobre la industria, permitiendo una mejor evaluación del efecto de distintas políticas públicas sobre el sector.
En lo que se refiere al segundo punto, la indicación iría en la línea de reponer los gastos de organización y puesta en marcha –que se amortizarán en el plazo de seis años-, como gasto deducible para el cálculo de la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada, que es la base imponible del componente sobre el margen del royalty se amortizarán en un plazo de seis años.
Y, por último, se propone una condición que establece una carga tributaria potencial máxima será de 50% sobre la rentabilidad operacional, considerando conjuntamente el pago de royalty, impuesto de primera categoría e impuestos finales (impuesto adicional), permitiendo dotar de una mayor predictibilidad y certeza al royalty.
Lo relevante es que si la suma del royalty, Impuesto de Primera Categoría e impuestos finales superan dicha carga potencial máxima, el royalty se ajustará para fijar la carga tributaria total en un 50% de la rentabilidad operacional.
Ventana de unas horas para la oposición
Tras la sesión de la comisión, el ministro destacó a Diario Financiero que lo central de la presentación es el establecimiento del límite absoluto a la carga tributaria de la industria minera, haciéndose cargo de la preocupación que existía en algunos sectores respecto de la carga que se genera combinando distintos impuestos. En este sentido, aclaró que el 50% es un límite y no el promedio que la industria ha citado, entonces –dijo- “si 50% es un límite, la carga promedio tiene que ser menor que 50% y dimos varios ejemplos en que la carga fluctúan en torno al 42% y 44%, que es comparable positivamente con la carga tributaria de la industria minera de cobre en otros países”.
Según agregó, la posibilidad de establecer este límite “fue recibido positivamente por todos los senadores integrantes de la comisión”, que estimaron que constituye un avance importante y algo que puede ayudar a alcanzar un acuerdo más amplio.
Marcel señaló que en el marco de la discusión se planteó la necesidad de ser más explícitos en lo que respecta al destino de la recaudación del royalty, ya que si bien hay una parte definida en el proyecto –lo que se destinará a regiones y municipios-, el Gobierno no tiene objeción en especificar el destino de aquella parte que es de destino fiscal, puesto que la reforma se hace no solo para recaudar –especificó-, sino también para invertir en beneficios sociales, inversión pública y seguridad ciudadana, entre otros.
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Y espera que “con esos elementos se dé espacio de acercamientos con la oposición. Vamos a ver hasta dónde eso se materializa en un acuerdo, dependerá de cómo se llevan a cabo las negociaciones” y, en ese contexto, dijo estar a la espera de que la oposición entregue una cifra alternativa al 50% y “esperamos en que en las próximas horas haya una propuesta en ese sentido”.
De no llegar a acuerdo con la oposición, el ministro aseguró que se presentarán de todas maneras las indicaciones, incluyendo el límite a la carga tributaria total; y de llegar a acuerdo sobre el guarismo en torno a una cifra que esté “dentro de márgenes razonables”, también se incorporará en las indicaciones.
“Con o sin acuerdo”
Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) confirmó que el proyecto se votará en la instancia el próximo martes 18 de abril y que si el Gobierno le pudiera discusión inmediata a la iniciativa, se podría votar ese mismo día en la Sala. “La semana que viene, el proyecto debería estar despachado del Senado, con acuerdo o sin acuerdo con la oposición”, sentenció. Por el momento, agregó, la oposición no se ha pronunciado y deberá hacerlo pronto, porque no hay mucho plazo, recalcó.
Para el senador Daniel Núñez (PC) las indicaciones que les presentó Marcel corrigen aspectos muy puntuales del proyecto; aunque, aclaró que desde su punto de vista “tal como está hoy día es un proyecto absolutamente viable y necesario para Chile”. Y si bien se abrió un espacio de negociación con la derecha, Núñez tiene la convicción de que la iniciativa debe votarse la próxima semana tanto en la comisión como en la Sala, para que “eso nos permita definir ante el país quienes están porque esta riqueza que genera el negocio minero sea distribuida en forma equitativa y quienes, al final, van a terminar como el senador Rojo Edwards –que lo dijo abiertamente- por simplemente cuidarle las ganancias a las mineras”.
Mientras que el expresidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), en su ya habitual tono diplomático, señaló que las indicaciones se están conversando con todos los actores “para ver si es posible avanzar en un proyecto con apoyo transversal”.
