Además de tener que promulgar el tercer retiro del 10% aprobado previamente por el Congreso, tras la dura derrota en el Tribunal Constitucional (TC), el gobierno tuvo que retirar de tramitación el proyecto que había redactado por su cuenta para acceder a esos montos. Dicho texto involucraba medidas como un bono de 200 mil pesos a quienes no poseían ahorro o un 1% adicional de cotización con cargo al empleador.
Sin embargo, la propuesta fue calificada por sus críticos como una "reforma encubierta" al siempre polémico tema de las pensiones, que durante los últimos gobiernos ha sido parte de la agenda sin registrar grandes avances.
Una de las que cuestionó la iniciativa del gobierno fue la diputada Marcela Hernando, vicepresidenta del Partido Radical, quien señaló que “esta es una reforma encubierta que será permanente. Me pregunto si está considerado además como un 1% agregado al 3% de cargo del empleador que ya se estaba conversando en la reforma previsional que está en el Senado o este 1% se considera dentro de ese 3%”.
Tercer retiro de AFP: 8 de cada 10 chilenos sacaría su dinero aunque quede sin fondos para pensiones
En el parlamento, se ha llegado a proponer eliminar a las AFP del sistema, como hizo un grupo de senadores de oposición hace un año.
De hecho, fue el 29 de abril de 2020 cuando los parlamentarios ingresaron a la oficina de partes del Senado el proyecto que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La iniciativa propone reemplazarlas por el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público y descentralizado, para lo que elimina el decreto ley 3.500 que dio origen a las AFP en el año 1980. De esta manera, se nacionalizarían los fondos de pensiones.
A casi un año de ingresado el proyecto, éste sigue estancado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De hecho, la primera sesión fue realizada el 19 de mayo, seis días después de ingresada la iniciativa al Senado y pasada a la Comisión de Constitución (13 de mayo). En ella se presentó el proyecto a quien era en ese entonces la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la economista de la U. Católica de Chile, Paula Benavides, y el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP, Luis Mesina.
A esta se sumaron una serie de otras sesiones, las que culminaron el el 26 de junio de 2020, luego de presentar un informe técnico al asesor presidencial para la Reforma de Pensiones, Augusto Iglesias; el director de la oficina de la OIT para el cono sur de América Latina, Fabio Bertranou.
La iniciativa, suscrita por los senadores Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (País Progresista), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), está compuesta de 13 artículos, en los que además de eliminar el actual sistema, establece la creación de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia. Mientras que la Pensión Básica Universal, será equivalente al Salario Mínimo Garantizado.
¿Qué más establece el proyecto?
La iniciativa sostiene que el Sistema de Pensiones Solidarias será financiado con una contribución igual del trabajador y el empleador y con aporte estatal, que será definido en la Ley de Presupuesto cada tres años.
Además, establece que los trabajadores, menores de 60 años si son mujeres y menores de 65 si son hombres, "estarán obligados a contribuir al Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y a la Reserva Técnica Legal, obligatoria, el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles" y a partir del año 2027 la citada contribución se rebajará en 1%.
También "se restituye el aporte patronal, que será equivalente al aporte del trabajador. Este aporte deberá alcanzar un 9% y se incrementará gradualmente de manera proporcional hasta el año 2026", señala la propuesta, que adicionalmente sostiene que "se deberá efectuar una contribución tripartita, del 4%, destinada a financiar el Seguro Social Nacional, aportes adicionales de las pensiones de invalidez, sobrevivencia, lagunas previsionales, de cesantía". Seguro que será adjudicado mediante licitación pública, a una aseguradora nacional, con clasificación triple A, por al menos dos clasificadoras de riesgo.
La normativa propuesta crea el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público descentralizado, por tanto, con patrimonio propio; que estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Para todos los efectos legales será considerado sucesor y continuador de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social e Instituto de Seguridad.
