“Bases para una reforma a la educación superior” es el nombre del texto que elaboró el Partido Comunista (PC) y la Izquierda Ciudadana (IC) en el marco de la tramitación del proyecto que busca reformar ese sector y que, actualmente, se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara.
En el texto, plantean que la iniciativa del Gobierno cuenta con “graves silencios y carece de definiciones sobre el modelo que se espera construir, cuestión que no estamos en condiciones de legislar”. Debido a ello es que el documento exige “un rediseño”.
En él, se propone “gratuidad universal para todos los estudiantes que accedan a universidades del sistema público, partiendo por los jóvenes con menos recursos”, así como también a los CFT e IP que cumplan con las mismas características. También proponen que reciban aportes del Estado sólo aquellos planteles universitarios y técnicos “que cumplan un rol público”, así como también terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), consignó La Tercera.
Lo que implica que la política debería incluir a todas las instituciones con “compromiso público”, pese a que las instituciones estatales deberían tener un trato preferente en lo que concierne a los recursos fiscales.
El documento identificó como instituciones con compromiso público a todas las que cuentan con una “reconocida trayectoria académica respaldada en el tiempo”. En conjunto con libertad de pensamiento, de opinión y de creación, por la “integración de los estamentos en los gobiernos institucionales (universitarios y técnicos)”, entre otras características.
Sin embargo, el PC plantea que hay un sector eminentemente privado que no debería recibir financiamiento público. “Reconocemos que no todas y todos los controladores de instituciones de educación superior estarán dispuestos a abandonar el interés económico-privado. Esto no nos parece terrible, ya que concebimos la necesidad de mantener un sistema mixto de educación superior en el cual los privados puedan involucrarse, siempre y cuando respeten la legalidad vigente”, consigna el documento.
El texto continúa resaltando que “lo que no puede suceder es que, sin jugar mayores roles que la docencia, el Estado deba ser obligado a financiar a instituciones que en nada o muy poco aportan al interés colectivo nacional”.
Karol Cariola, jefa de bancada del PC, indicó que la idea es que “haya una diferenciación clara en el trato y financiamiento que hace el Estado respecto de las universidades estatales, privadas y las que tienen un rol público”.
A su vez, Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista señaló que hay que establecer criterios claros para el financiamiento” de las instituciones” y remarcó que el llamado es a “dibujar un modelo educativo distinto al actual, que es mercantilizado y segregado”.
En lo que respecta al acceso a la gratuidad, el documento plantea exigir participación triestamental, pluralismo y complejidad institucional.
