Por Patricio Martínez y Phillip Durán
Veintidós carillas tiene un recurso de protección interpuesto el miércoles 6 de julio en la Corte de Apelaciones de Santiago por el sacerdote John O'Reilly, al que accedió T13.cl. El objetivo del escrito: frenar el decreto del Ministerio del Interior que ordena su expulsión del territorio nacional.
El religioso de los Legionarios de Cristo fue condenado en 2014 como autor de delitos reiterados de abuso sexual, por lo que recibió una pena de cuatro años y un día en libertad vigilada. Una vez cumplido dicho plazo, comenzaría un período de “sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes”. Además, se fijó la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa con menores.
En ese contexto, en marzo de 2015, el Congreso aprobó una ley -que entró en vigencia al mes siguiente- para revocar la nacionalidad por gracia a O'Reilly, concedida en 2009 como reconocimiento a su labor “apostólica y educativa”. El sacerdote nació en Irlanda, el 11 de diciembre de 1946 y llegó a Chile en 1985.
Tras la sentencia de 2014 y la posterior revocación de su nacionalidad, O´Reilly quedó con el permiso de residencia definitiva, que había obtenido a fines de 1985. Sin embargo, en agosto de 2015 -cuatro meses después de que el Congreso le quitara la nacionalidad chilena-, el Ministerio del Interior revocó además el permiso de residencia, decretando su expulsión de territorio nacional.
Según consta en el escrito presentado por O´Reilly la semana pasada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el sacerdote apeló ese mismo mes, por la vía administrativa, a la resolución de Interior. La respuesta definitiva del gobierno tiene fecha de abril de este año y fue notificada en junio pasado: se rechazó la reconsideración planteada por el sacerdote.
Los argumentos planteados por O´Reilly en su recurso de protección apuntan a que, tanto al momento de ocurrencia de los casos de abuso como de la sentencia de la corte, el sacerdote tenía la nacionalidad chilena, por lo que no es posible aplicarle la Ley de Extranjería, que permite la expulsión del país.
“La aplicación retroactiva de la pérdida de nacionalidad constituye una interpretación absolutamente arbitraria e ilegal de una ley que rige sólo para el futuro”, se lee en el escrito.
Además, O'Reilly suma otro argumento: que la decisión de Interior “atenta contra los fines de la pena alternativa”, vale decir, el proceso de “reinserción social” que se busca.
En ese sentido, explica que el sacerdote es parte de un “plan de intervención individual de libertad vigilada del adulto”, diseñado por el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, que incluye “entrevistas con el religioso, visitas domiciliarias, entrevista con el director provincial de los Legionarios de Cristo, revisión de diversos documentos (entre otros, la sentencia, los informes sociales y psicológicos)”. “Estos esfuerzos sociales carecen de sentido y función social si debo abandonar el país luego de cumplir el plan de intervención y plazo de vigilancia establecidos en la sentencia”, sostiene el texto.
“Han otorgado a mi condición de extranjero el carácter de permanente en el tiempo (desconociendo los años en que gocé de nacionalidad chilena), para con ello permitir la aplicación de las reglas de cancelación de permisos y expulsión que resulta inaplicables a chilenos (…) Han ejecutado un acto que no posee ninguna coherencia con las decisiones jurisdiccionales adoptadas a mi respecto y conllevan el uso estéril e injustificado de recursos fiscales”, afirma el sacerdote en el texto, quien atribuye la decisión de Interior a un “mero capricho”.
Así, la decisión del gobierno, afirma, afecta su derecho de “igualdad ante la ley”, establecido en la Constitución.
“Me ha provocado una privación concreta de mi garantía de trato igualitario, ya que me impide acogerme (sic) a cualquier régimen contractual en el país, como lo hace cualquier otro extranjero en idéntica situación; me impide salir del territorio nacional y reingresar (aún con autorización judicial), como lo puede hacer cualquier otro extranjero y, en particular, me deja como extranjero con situación migratoria irregular para todos los efectos de controles de permanencia, a diferencia de cualquier otro extranjero en idéntica situación, quienes gozan de reconocimiento y amparo jurídico”, afirma O'Reilly.
De acuerdo a información de tribunales, el recurso fue declarado admisible. Además, se pidió informe a Interior y al Departamento de Extranjería y Migración.
¿Cuáles fueron los argumentos de Interior?
Según el decreto de agosto de 2015 con que Interior decretó la expulsión de O´Reilly, "la conducta ejecutada por el extranjero vulnera los bienes jurídicos de la integridad, libertad e indemnidad sexual y la seguridad pública, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y el orden social, no siendo útil ni ventajosa su residencia en el territorio nacional".
El documento agrega que es "facultad privativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública revocar los permisos de residencia de que son titulares los extranjeros en el país".
El texto establece además que O´Reilley "deberá hacer abandono del país en el plazo de 72 horas" a contar del momento en que fuera notificado. Sin embargo, si existe una pena pendiente -como ocurre con el sacerdote de origen irlandés- "se contará dicho plazo desde que se cumplan las respectivas condenas".
REVISA AQUÍ LA RESOLUCIÓN DE INTERIOR
