La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades chilenas modificar la denominada “ley Nain-Retamal” que actualmente se discute en el Congreso Nacional.
Desde la ONU afirman que el proyecto plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías que “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”, indicó el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
“La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”, advirtió el representante.
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Junto con eso, consideran “que no es preciso señalar que la 'legítima defensa privilegiada' habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya tienen esta facultad”. Jarab explicó que “en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.
“En particular, preocupa a la Oficina la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas”, indicaron.
Indicaciones del Gobierno
El jueves, el gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto aprobado en la Cámara para que los considere el Senado en la tramitación. El principal cambio que se busca sobre el artículo de "legítima defensa privilegiada".
El ministro de Defensa, Luis Cordero, manifestó que como está, la propuesta tiene "deficiencias" y que deja "condiciones de riesgo amplias en su uso".
“En el derecho las formas son fondos, y es conveniente tener reglas precisas para evitar riesgos futuros. La manera en cómo están redactadas esas normas de ‘legítima defensa privilegiada’ generan condiciones de riesgo y apreciación subjetiva”, expresó el ministro de Justicia tras asistir a la Comisión de Seguridad del Senado.