Tal como lo habían anunciado, las bancadas de la DC, el PS y el PPD ingresaron la petición para crear una comisión investigadora que aborde las eventuales responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a la polémica que enfrenta el ex Presidente Sebastián Piñera.
Esto luego que ayer se conociera que, a través de la sociedad Bancard, el ex Mandatario habría adquirido acciones en Exalmar, una de las principales pesqueras de Perú. Esto en momentos en que Chile enfrentaba la demanda peruana ante la Corte Internacional de La Haya, iniciada en enero de 2008 y en la que éste último país buscaba modificar el límite marítimo.
Los diputados ingresaron la solicitud tras reunir 56 firmas de parlamentarios. 16 más de lo que se requiere para estos efectos. Así, mañana se votará en la Sala la creación de la instancia, que de concretarse tendría un plazo de trabajo de 90 días.
Esto nadie tiene que ver con una campaña sucia, por favor; que Piñera no le haya comunicado al país y a las autoridades competentes su conflicto de interés, eso sí que nos parece sucio
El jefe de la bancada de diputados DC, Fuad Chahín, dijo que la instancia busca recabar antecedentes en torno a "si el jefe de Estado de entonces fue lo suficientemente diligente para defender los intereses de la soberanía de Chile ante la Corte Internacional de La Haya, o si se descuidó esa defensa en función del conflicto de interés que lo afectaba, toda vez que conocimos que a Sebastián Piñera tenía un interés directo en una pesquera que fue una de las beneficiadas por el fallo de La Haya".
Por su parte, el diputado PS Juan Luis Castro afirmó que "ha llegado la hora que la gente sepa que la relación entre los negocios y la política afectó al entorno directo y financiero del ex presidente Piñera, que en plena época del conflicto y siendo gobernante estableció una relación privilegiada con una empresa".
La presentación de la comisión investigadora generó una enérgica reacción por parte de los senadores de la UDI y RN, quienes en bloque salieron a rechazar la ofensiva oficialista.
Acá se hace una imputación injuriosa e inaceptable en contra del ex presidente Piñera, al decir que habría puesto por sobre los intereses del país intereses económicos personales. Esa es la acusación más grave que se le puede hacer a un presidente de la República.
"No vamos a aceptar que se pretenda enlodar a un ex presidente de Chile que ha defendido los intereses del país con valentía. Esta guerra sucia es la que termina afectando a la democracia", manifestó el senador RN Alberto Espina.
En esta misma línea, su par RN Baldo Projurica aseguró que "la izquierda chilena está americanizando esta campaña, porque aquí empiezan a volar las descalificaciones, como ocurrió en la última campaña de EE.UU. Queremos hacer un llamado a no hacer una campaña de descalificaciones ni de debilitamiento de la institucionalidad".
En respuesta a esto, el jefe de los diputados PPD, Ramón Farías, aseguró que “nuestra motivación no es dañar la imagen de Piñera, porque se la ha dañado él mismo, sino que investigar los hechos denunciados. Él le dijo a todo el mundo que había hecho un fideicomiso ciego, cuando en realidad lo que había hecho era un fideicomiso tuerto, debido a que muchas de las platas de sus negocios no estaban en fideicomiso ciego”.
Lo que pide la Comisión Investigadora
En concreto, la solicitud interpuesta por el oficialismo plantea “investigar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismo públicos involucrados, a partir de los hechos públicos y notorios vinculados a una serie de inversiones realizados por el grupo económico Bancard en la empresa peruana Exalmar".
Junto con esto, piden "recabar antecedentes de eventuales irregularidades en la fiscalización de operaciones financieras que pudieran significar infracciones al mercado de valores, mediantes uso de información privilegiada, eventuales conflictos de interés, además de las eventuales responsabilidades de las autoridades del Servicios de Impuestos Internos en relación a la fiscalización de los impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile, a fin de poder determinar las responsabilidades y causas de tales hechos".
Adicionalmente, piden "investigar la actuación de los organismos públicos en el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justica de la Haya y que pudieran significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, entre los años 2010 y 2014".
