Fue una semana con una compleja coincidencia para el gobierno de Gabriel Boric: la sargento Rita Olivares fue asesinada por delincuentes -en un procedimiento policial- a solo tres días del día del Joven Combatiente, fecha en la que se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo y el degollamiento de los profesores José Manuel Parada y Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, todos militantes comunistas, durante la dictadura militar.
El homicidio ocurrido en la madrugada del domingo conmocionó transversalmente y aceleró la agenda de seguridad, que había sido dilatada por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Así, en momentos de conmemoración -incluso cruzado por el acto de homenaje del caso Degollados-, el Presidente envió una señal potente a Carabineros: “Ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza”, dijo a 300 uniformados que debían salir el 29 de marzo a contener la violencia que usualmente se da esa noche.
El día antes, el mandatario había hecho una reflexión que levantó distintos sentimientos en la izquierda: “Vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado”, señaló.
Los reparos políticos vinieron de todos lados. La oposición exigió disculpas públicas del gobierno por sus acciones como diputados en medio del estallido social y sus críticas constantes a Carabineros como institución. El socialismo, en tanto, también se sumó a aquello: el senador José Miguel Insulza dijo que es necesario decir ‘me equivoqué’ y recordó incluso figuras como el ‘perro matapacos’. Diputados socialistas acusaron a La Moneda de “ceder a presiones” por el cambio del calendario legislativo en el Senado de la ley Nain-Retamal.
El jueves, en tanto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, en T13, sostuvo que existió una contradicción del Presidente que estuviera en una escuela de Carabineros -o enviando señales de apoyo- en fechas de conmemoración de asesinatos en la dictadura justamente en manos de uniformados de dicha institución.
Desde esa vereda, la vocera Camila Vallejo ahonda, en entrevista con T13.cl, la discusión que se da por estos días en materia de seguridad. Es enfática: “No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar”, dice respecto al polémico artículo sobre la legítima defensa privilegiada para policías, aprobado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Ejecutivo, en ese sentido, sostiene que la atribución es excesiva, aunque comparten, por ejemplo, eliminar actuales medidas como no suspender al carabinero cuando se investigan las razones del uso de su arma.
La ministra Vallejo, en su oficina, un viernes luego de la hora de almuerzo, analiza la semana y, dentro de todo, dice, fue importante para el avance de la agenda de seguridad. Le envía una señal a su sector, afirma que el debate debe madurar, que deben entender que la seguridad ciudadana es un derecho y que no por ejercer el orden público se coartaran libertades o se pasarán a llevar derechos fundamentales de la ciudadanía.
“Fue una semana intensa, un dato de la causa es que estamos en contexto de elecciones, ya se hablan de presidenciables, entonces, eso tiende a polarizar un poco más el debate. Es natural que eso pase en tiempos de elecciones, pero como gobierno hemos tratado de poner en el centro una discusión seria y mesurada en torno al tema de la seguridad, porque el tema suele utilizarse para hacer campaña. Y caemos rápidamente en el populismo penal o en medidas efectivas para generar una sensación de que las cosas se van a hacer bien, pero al final, como las respuestas en esto no son fáciles, se terminan haciendo cosas que no tienen los efectos deseados”, comienza señalando. La vocera añade: “Cuando nosotros abordábamos la seguridad en Chile lo hacíamos pensando en delito común, el hurto, el cartereo, en un momento empezaron a aparecer los portonazos, pero, claro, ahora estamos hablando de delitos violentos con armas de fuego, estamos hablando de homicidios, secuestros. La criminalidad del Chile de hoy es distinta al del Chile de ayer, por lo tanto, las policías que necesitamos tienen que ser más eficaces en el combate de este tipo de criminalidad”.
—¿Qué tan dura fue esta semana para su sector la coincidencia de dar un espaldarazo a Carabineros en una conmemoración tan significativa, como el 29 de marzo, de parte del Presidente?
—El 29 de marzo es un momento de conmemoración por crímenes de lesa humanidad y todos los años hay actividades, actos de las familias, y otro tipo de manifestaciones que involucran mucho dolor y también la sensación de injusticia, de impunidad, por lo tanto, las sensibilidades en este contexto se entienden, hay un plano simbólico donde las interpretaciones pueden ser muy variadas y todas probablemente bastante legítimas, pero como gobierno y particularmente el Presidente -que lo ha sostenido en reiteradas oportunidades- tenemos una plena convicción: hay que dejar de pensar como contradictorios los temas de orden público con los temas de Derechos Humanos. Hemos naturalizado que orden público y DD.HH. son contradictorios, por la historia que tiene nuestro país, por la historia con el estallido social. El orden público democrático implica tanto perseguir y detener a quienes hacen desmanes y cometen ilícitos en contexto de manifestación -utilizando la manifestación- como también el orden público democrático implica resguardar el libre derecho a la manifestación. No es una cosa fácil, pero lo que hemos tenido que asumir como sociedad después de esa experiencia es decir cómo relegitimamos la función policial, cómo actualizamos los protocolos para que logremos decir que estos derechos no son dicotómicos. Creo que, claro, se entiende en el plano de lo simbólico que pueda haber confusiones, que puedan herirse sensibilidades cuando el Presidente de la República va a hablar a carabineros que se iban a desplegar el día 29 de marzo. Ahora, el Presidente marca un punto clave: dice que las policías tienen que actuar, que tienen nuevos protocolos para hacerlo y que eso implica enfrentar los desmanes al mismo tiempo que respeta los derechos humanos de las personas.
—¿Cómo lee declaraciones como la del secretario general del PC, Lautaro Carmona, quien explicitó la incomodidad que existió esta semana de parte de un sector de la izquierda justamente por esto. ¿Qué le dice a ese sector? ¿Siente que es fuego amigo?
—Yo no lo siento así, ni lo veo así...
—Como fuego amigo, ¿dice?
—No, no lo veo como fuego amigo. Creo que es una reflexión que hace un partido. Si hay confusión o si se ven como señales contradictorias, lo que corresponde es conversar más en torno a cómo la izquierda, el oficialismo, el mundo progresista, y nuestro gobierno entiende el debate sobre la seguridad en este contexto. Pienso que todos los partidos están viendo -las militancias conviven en barrios, poblaciones, villas- que hay un dolor en nuestra sociedad que tiene que ver con el narcotráfico, el crimen, la violencia, de tener miedo de salir a la calle, el fenómeno de la inseguridad y de la violencia está limitando nuestro desarrollo humano integral. Nosotros insistimos que el reforzamiento a las policías, de tener una política nacional de seguridad, de tener una legislación actualizada, del apoyo de las policías en estos momentos tiene que ver con ese objetivo, no es para convertir a Chile en un Estado policial, es para lograr entender que democracia y seguridad van de la mano y que no hay democracia sin seguridad, que sería una pesadilla. Tenemos que lograr sostener esos dos elementos con estándares democráticos, pero con un componente de seguridad que esté en el espacio donde están los derechos fundamentales de las personas.
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—¿Pero advierte al menos una división en su sector al respecto?
—No hay una división, pienso que hay un debate que madurar.
—¿Qué significa eso?
—Hay que hacer una síntesis más comprensible para todos y todas, que se deje de creer que estamos en posiciones contradictorias. Es importante siempre que, cuando demos este debate, no pisar el palito, porque cuando se discute en caliente también se pueden cometer errores. Nosotros queremos que la legislación para el apoyo a la función policial en la persecución del delito signifique por ejemplo que, cuando hacen uso de las armas, eso esté en un contexto que está normado y que le permita, luego de hacer uso de las armas, no ser declarado como imputado inmediatamente, que no se le suspenda inmediatamente hasta que se termine una investigación. Ese tipo de cosas que son lo que las mismas policías han demandado; que si tiene que haber sanción, que la haya, pero luego de esclarecidos los hechos, y no haya este tipo de sanciones administrativas, o de suspensión de remuneraciones, cuando en lo procesal no está resuelto el caso. Vuelvo al punto: no creo que haya divisiones profundas sino que es falta de maduración del debate y de hacer síntesis de un debate. En el Congreso hubo 20 votaciones separadas en la Ley Nain-Retamal: la mayoría se votó a favor, dentro de unas pocas hubo abstenciones o rechazo y una de ellas tuvo que ver con el tema de la legítima defensa privilegiada...
—Ese era el corazón del proyecto...
—Sí, yo diría que es como parte del corazón del proyecto. Bueno, y esa diferencia se da porque el Ejecutivo incluso tiene una posición distinta a lo que se votó. Lo que pasa es que el Ejecutivo no pudo -por un tema formal- presentar la indicación en ese trámite y tendrá que hacerlo en el Senado y ahí algunos optaron entre aprobar o esperar la indicación que venga del Senado.
—¿No cree entonces que esos 24 parlamentarios que no apoyaron ese capítulo de la legítima defensa desoyeron a la ministra del Interior?
—No. Hay un consenso en el oficialismo de que en el Senado esto se va a mejorar. Creemos que puede haber un entendimiento con la oposición en la línea de regular bien esto y de manera responsable; y no como la propuesta original que, creemos, tiene serias fallas.
—El gobierno no puso urgencia tampoco a esa ley, de hecho, la oposición terminó marcando ese pulso legislativo. ¿Tiene alguna autocrítica en cuanto al manejo de la agenda?
—Es muy normal que uno termine apoyando o indicando proyectos de origen parlamentario, eso pasa todo el día. La gracia de eso es que se trabaja sobre la base de mociones parlamentarias, pero para mejorarlas, y se utilizan las facultades que tiene el Ejecutivo para poder justamente perfeccionarlas. Nosotros hemos tenido una agenda muy nítida desde mayo al menos, esto no es nuevo, esto no es una reacción. El listado de iniciativas en Seguridad es muy grande: el plan menos armas, más seguridad; el plan anticerrona, el plan de recuperación de espacios públicos, se presentó una política nacional de seguridad, se aumentó la ley de presupuestos en Seguridad en un 4,4%, tenemos 70 medidas en el compromiso transversal en Seguridad, presentamos hace un par de meses 16 urgencias legislativas en torno a Seguridad, entonces, claro, uno puede opinar en política y estar opinando, opinando y opinando, pero también hay que ir a los hechos. Los hechos hablan por sí solos. Si una hace una revisión de manera seria de los hechos y acciones que ha empujado el Ejecutivo en materia de Seguridad se va a encontrar con un listado muy largo y contundente de iniciativas.
—¿Y en esas largas iniciativas, puede asegurar que hay consensos en el oficialismo?
—Al Congreso uno va a parlamentar, de eso se trata, de discutir, de encontrar puntos de encuentro. En algunas cosas probablemente puede que no las haya y está bien, es legítimo, pero creemos y tenemos la confianza que la mayor parte de la agenda de seguridad vamos a encontrar amplio acuerdo. La seguridad no es patrimonio de un sector político...
—¿No cree que le ha faltado a la izquierda aquilatar la real magnitud de la seguridad?
—A nuestro país le ha faltado enteramente aquilatar más el problema de seguridad…
—¿No solo a la izquierda, dice?
—De lado y lado. ¿Sabes por qué? Un lado no aquilata el problema sino que lo utiliza electoralmente. Se cae en el populismo penal...
—¿Se refiere a la derecha?
—Claro. Y por otro lado, el otro sector está siempre preocupado creyendo que esto puede ser contrario a una agenda proderechos o a una agenda democrática. Entonces, en los últimos años el abordaje del debate de seguridad no ha sido de la mejor forma. Hay una cultura del Narco, también; que se promueve en nuestro país, que se establece como algo 'cool', como un ejemplo a seguir. Hemos visto en otros países cómo ha crecido y nosotros queremos que no siga creciendo en Chile este tipo de criminalidad que tenemos que es muy violenta y que termina afectando a los sectores más vulnerados, donde las madres no saben qué hacer con los hijos que desde muy pequeños entran a bandas criminales, de delincuencia, consumiendo drogas, no tienen cómo rehabilitarlos y después ya no hay nada que hacer.
—¿Pero no cree que al menos le da alimento a la oposición que el oficialismo vote de manera separada estos temas de seguridad? Finalmente pasa esto: su agenda de seguridad no se ve lo suficiente...
—No se ha frenado (la agenda) por eso.
—¿Las votaciones ordenadas en el Congreso no cree que los ayudarían?
—Aunque algunos critiquen ese tipo de votación, la verdad es que el proyecto avanzó con el compromiso del Ejecutivo de que iba a presentar mejoras al proyecto. De hecho el debate no se ha frenado, el debate sigue, la discusión sigue, y va a tener que votarse.
—El PS salió a decir que ustedes cedieron a presiones por frenar este debate de la ley Nain-Retamal en el Senado. Dijeron que ellos no son de volteretas, que han apoyado con convicción la agenda de seguridad…
—No sé de dónde sacan eso, porque, desde el primer momento, cuando se revisó la agenda de seguridad de esta semana, se discutieron estos proyectos (Nain y Retamal) y la posición de la agenda del gobierno -una agenda que además ha liderado Interior y Justicia- ha sido que respecto al menos de estos dos proyectos que se fusionaron había que hacerle modificaciones. El problema fue que esas modificaciones no se pudieron presentar como indicación en la Cámara, porque el trámite en el que estaba la ley Nain era un trámite donde solo se podían renovar indicaciones ya presentadas, no presentar nuevas. Esa propuesta se va a poder materializar en el Senado, eso no tiene que ver con ningún cambio de opinión, ningún giro, es parte de lo que públicamente hemos definido desde el día uno y ahí esperamos que el debate sea maduro, responsable, que compatibilicemos la protección y el respaldo a la institución sin abrir espacio a facultades que puedan ser abusivas.
—¿Espera que en el Senado el PC apruebe la Ley Nain-Retamal?
—Esperamos que aprueben la propuesta del Ejecutivo en el marco de esta discusión. Esperamos que haya el mayor respaldo posible a la indicación que el Ejecutivo presente y que haya un acuerdo amplio, porque además nuestra indicación resuelve elementos que las propias policías están pidiendo y que el proyecto original no resuelve sobre todo en la parte procesal, que es la más complicada para las policías. Nuestra propuesta es sensata, razonable, jurídicamente bien sustentada, no cae en el populismo penal, evita algo que todos queremos evitar, que es el gatillo fácil. No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar. Ahora, esta iniciativa no solo debiera tener el respaldo del mundo progresista sino también del mundo de centro, centroderecha y derecha.
Las reflexiones sobre actuaciones del pasado: “Lo que corresponde hoy es ver cómo resolver las críticas (a Carabineros)”
La ministra Vallejo, en esta entrevista con T13.cl, se abre a precisar las reflexiones de las que el Presidente Boric habló durante la semana. Contextualiza y empatiza con su sector, la izquierda, en torno a la relación con Carabineros. Reconoce que hay desconfianzas que no se borran de la noche a la mañana, pero recalca que el debate debe madurar, que el progresismo tiene que entender que seguridad ciudadana no coarta la agenda democrática. Pero es reacia a la idea de pedir disculpas públicas por críticas en el estallido social.
—El Presidente Boric no ha explicitado cuáles son esas reflexiones que hay que ser respecto de “las actuaciones del pasado”. Le pregunto a usted: ¿cuáles son?
—Bueno, muchas. La reflexión es necesaria, pero no puede ser paralizante. El estallido obviamente generó un clima muy denso, de mucha polarización, tuvimos que presenciar lamentablemente graves violaciones a los Derechos Humanos, víctimas fatales, traumas oculares, bueno, la verdad es que vulneraciones de distinto tipo y también tuvimos exabruptos de lado y lado producto de ese contexto. Entonces, creo, hay que mirar al pasado, reflexionar, y decir bueno cómo hoy lo hacemos mejor, cómo tenemos un debate más serio, más mesurado, más responsable, y que también que nos permita hacernos cargo de las críticas que tuvimos en su momento hacia la institución. Yo fui dirigente estudiantil, fui a las marchas varias veces y yo veía con mis propios ojos el problema en cómo a veces en el procedimiento policial no se distinguía entre personas que iban a delinquir, saquear, romper -que era un grupo súper reducido- de lo que era la manifestación de donde nosotros estábamos solo marchando. Ahí había un problema y una crítica justa y legítima de por qué se terminaba vulnerando el derecho a la manifestación por el control del orden público. Por eso fue tan necesario actualizar los protocolos de funcionamiento, hoy las policías tienen protocolos actualizados.
—¿Usted podría decir cuáles fueron esos exabruptos?
—Intervenciones, en el Parlamento, los tuits, había de todo en ese Congreso...
—Le pregunto específicamente por la crítica constante de Apruebo Dignidad a Carabineros en ese contexto.
—Hay críticas de las cuales ahora que somos gobierno nos hacemos cargo, porque nadie puede decir que no hubo casos de robo de dinero en la institución, o que no hubo violaciones a los Derechos Humanos, que no hubo abusos. Sí, ha habido críticas en esos contextos de las cuales yo no me arrepiento de haberlas hecho. Lo que corresponde hoy es ver cómo resolver las críticas, porque nosotros necesitamos policías y buenas policías, eficientes, eficaces, policías a la altura de lo que Chile necesita en materia de seguridad, policías que sepan de lo que significa la diferenciación entre orden público, persecución del crimen versus el respeto a los Derechos Humanos.
—¿Van en ese camino, cree usted?
—Vamos en ese camino, hemos tenido un buen entendimiento y eso se lo ha transmitido directamente a las policías, se lo ha transmitido, obviamente, al general director de Carabineros también. Los cambios de protocolos los hicimos junto a las policías y yo creo que ese es el camino. Quedan cambios y reformas por hacer.
—¿Es suficiente ese camino cree usted para trazar la línea de credibilidad de su sector, con las críticas pasadas, y ahora con este respaldo?
—En estas cosas yo creo que la credibilidad se mide en los hechos más que en las palabras. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, esto de insistir de que nuestra postura es poco creíble cuando en los hechos somos de los gobiernos que más respaldo le ha entregado a la institución, reconocido por la propia institución...
—Pero pareciera que no lo logran afirmar en el relato. Podría llevarla al tema de las figuras/caricaturas del estallido... ¿no ve necesario reconocer errores específicos para seguir adelante y cerrar el capítulo?
—Me encantaría decretar el cierre de este capítulo, pero creo que es una conversación más profunda. El capítulo no se cierra por decreto, requiere harta reflexión y conversación al mismo tiempo que vamos actuando y seguimos trabajando, no podemos paralizarnos por eso. Quizás puedo entender a algunos que no sean capaces de creerle a la izquierda o al gobierno su respaldo a la institución, porque sí, en la izquierda hay una desconfianza histórica fruto de la vulneración de los Derechos Humanos, de la persecución política, y eso no se borra de la noche a la mañana. Eso fue una realidad del país muy cruda y fue contra un sector político en especial. Las policías de las Fuerzas Armadas no actuaron contra la derecha, actuaron contra ciudadanos y ciudadanas que tenían una forma de pensar distinta. Recientemente tuvimos violaciones a los Derechos Humanos -no comparables obviamente con lo que fue la dictadura, pero sí fueron reales-. Pero eso no nos puede confundir. Vuelvo al punto: para nosotros, como izquierda, como gobierno progresista, tanto la seguridad como los derechos humanos son relevantes y no contradictorios. Eso quizás falta asentar más en el debate interno, pero tenemos que ser capaces de hacerlos confluir y que no se vean como dicotómicos.
—¿Esta misma reflexión que usted hace, no presupone disculpas públicas a Carabineros por esas actuaciones del pasado que ha pedido la oposición?
—Lo que corresponde es seguir por la vía de los hechos seguir demostrando el respaldo que consideramos debe tener la institución, en sus atribuciones, en el despliegue de sus funciones, creo que esa es la mayor demostración de que cuentan con este gobierno para hacer lo que tienen que hacer. En el plano del gallito político, el tratar de golpear, apuntar al de al frente para tratar de responsabilizarlo de la violencia o de la delincuencia, cuestión que, francamente, es bien reduccionista...
—El subsecretario Monsalve dijo que “es necesario reconocer que no hubo la suficiente comprensión de los efectos de determinadas posiciones”... ¿no cree que hubo efectos de esas críticas cuando eran diputados en haber permeado a la degradación de la institución de Carabineros?
—El subsecretario lo dijo en un sentido amplio, y tiene que ver con lo que señalábamos, no quiero hablar por él, pero esa reflexión es en el sentido amplio. Tuvimos una institución desprestigiada por distintas razones...
—¿Dice que las críticas de su sector no eran, digamos, gratuitas?
—No podemos borrar de un sopetón la historia reciente de nuestro país y lo que corresponde es preguntarnos cómo recuperamos la confianza en la institución, cómo vamos haciendo una mejor policía y en eso estamos trabajando nosotros.
—Las críticas de la falta de disculpas o reflexiones sobre actuaciones del pasado no son solo cosa de la oposición, vemos dichos en el PS, PPD, en fin... ¿cuál es su llamado final: no habrá disculpas, se deben unir en pos de qué, cómo se cierra el capítulo?
—Hay un sector que tiene una tesis equivocada del fenómeno y está erróneamente tratando de instalar que hay un sector político en este país que es culpable de la violencia y eso me parece que es, primero, poco ponderado; segundo, no se justifica. El fenómeno de la violencia viene desde hace muchos años, es multifactorial y por lo tanto reducirlo a una pelea política de adversarios, como que el de al frente tiene que pedir disculpas casi porque los homicidios o el narcotráfico es responsabilidad de un sector político a mí me parece inadecuado. Ahora más que disparar al sector político que está al frente o al lado, es decir cómo cada uno contribuye en la solución a propósito de la experiencia pasada, de los debates pasados, pero cómo contribuimos a la solución.
Las 40 horas, el Royalty y el Litio
—Las 40 horas será un logro del gobierno que remarcar el día del trabajador. ¿Le da un reimpulso a las promesas del gobierno? ¿No cree que justamente se opacan este tipo de temas por la agenda de seguridad que termina imponiendo la derecha?
—Las 40 horas es una de las políticas más importantes que va a dejar como legado este gobierno. Es muy significativa en torno a cómo se ordena nuestra sociedad y cómo entendemos el modelo de desarrollo que queremos construir en Chile. Que esté pensado en un modelo de desarrollo más humanista, y que entienda que la gente no tiene que vivir para trabajar sino que trabaje para poder vivir dignamente, tener más tiempo; tiene que ver con cómo entendemos los procesos productivos, que la productividad tiene mucho que ver con cómo se organiza el tiempo el trabajo más que cuánto tiempo está un trabajador sentado en su puesto sino con cómo se organiza mejor el trabajo, con cómo la salud mental y el descanso de trabajadores y trabajadoras contribuye a una mejor productividad, cómo esto puede impactar en niños y niñas y su relación con los padres, entonces, tiene un sinfín de impactos positivos. Claro, no es la solución a todos los problemas laborales, pero sí es un elemento neurálgico del debate en torno a cómo queremos construir la sociedad.
—¿Usted quedó conforme con el proyecto final? La derecha dice que modificaron aspectos como la flexibilidad...
—Me parece bien que la derecha esté conforme, me contenta (ríe)... no... pero creo que se avanzó bien. Se incorporó la flexibilidad, pero es una flexibilidad que no involucra precarización, eso es lo importante. Hay atribuciones a los sindicatos muy positivas, hay una adecuación o adaptación de la reducción de la jornada de las 40 horas a las realidades de los sectores productivos. Cuando yo era parlamentaria ya estábamos discutiendo por ejemplo con el sector minero, pero en ese momento como no teníamos el poder Ejecutivo no se podía materializar, ahora sí. El proyecto se robustece, hubo cosas que incorporar, pero me parece bien, era parte de lo que tenía que suceder...
—Bueno, este es un buen ejemplo de manejo de agenda, en su momento ustedes impusieron el tema a la derecha y finalmente terminaron cediendo y este proyecto ya casi es una realidad.
—Bueno, sí, de eso se trata la función parlamentaria también, de instalar temas en agenda y está bien, es parte de la democracia. Las 40 horas, claro, las rechazaron, no todos, pero gran parte y hoy la aprobaron, y nosotros no acusamos volteretas porque entendemos que son parte de los procesos de diálogo.
—Rechazada la reforma tributaria, ¿Royalty y Litio aparecen como una luz para financiar el programa?
—Yo no confundiría eso: vamos a necesitar un nuevo pacto fiscal para financiar los compromisos que la ciudadanía ya sabe -la PGU de 250 mil pesos, reducción de lista de espera, mayor dotación policial-... eso lo tenía prevista financiar la reforma tributaria, por lo tanto, el ministro Mario Marcel está abocado hoy día a desarrollar las instancia de consulta y diálogo para insistir con un pacto fiscal que permita la recaudación necesaria para financiar todo esto. Sin esa recaudación no lo vamos a financiar. El Royalty no está pensado para el financiamiento de la PGU ni de los temas de salud o seguridad, no. El Royalty es para las rentas regionales, el Royalty va a apoyar a las regiones para su desarrollo y a los municipios. Y lo del litio es una cuestión de presente y futuro, el litio está generando importantes riquezas y creemos que el Estado tiene que participar de la producción y de las rentas que genera el litio y tenemos que además en paralelo avanzar con una empresa nacional del litio. El litio va a ser básicamente nuestro segundo sueldo... y esto nos va acompañar a 20, 30 años en el desarrollo económico de Chile. Avanzar en Royalty y Litio no significa dejar atrás la reforma tributaria.
