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Política

Los otros parlamentarios que han enfrentado restricciones de libertad

Los otros parlamentarios que han enfrentado restricciones de libertad
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Jaime Orpis se convirtió en el primer senador en ejercicio en quedar con prisión preventiva, por el caso Corpesca.
Pablo Cádiz y Javier Sáez

"La libertad del imputado Jaime Orpis constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". Así señala el fallo de la Corte de Apelaciones que decretó la prisión preventiva contra el senador desaforado en el marco del caso Corpesca, por su presunta participación en delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco. 

De esta forma el legislador se convertirá en el primer senador en quedar con la medida cautelar más gravosa para asegurar la comparecencia de un imputado mientras se le investiga de cara a un juicio oral. Mientras dure este proceso Orpis seguirá recibiendo su dieta parlamentaria, no así las asignaciones destinadas a viáticos y traslados al Congreso. 

Si bien Orpis es el primer senador en quedar en esta condición, hay otros parlamentarios que han enfrentado restricciones a su libertad. De hecho, fueron tres los diputados que en 2002 quedaron en prisión preventiva en el marco del Caso Coimas. 

Los imputados por el Caso Coimas

Fue a fines de 2002 cuando un grupo de cinco parlamentarios enfrentaron solicitudes de desafuero en el marco del caso Coimas, como se conoce el caso de corrupción surgido luego de que el empresario Carlos Filippi denunciara que había tenido que pagar 15 millones al entonces subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, para la aprobación del funcionamiento una planta de revisión técnica en Rancagua. 

Tres de ellos quedaron en prisión preventiva y fueron trasladados al extinto anexo Capuchinos: Cristián Pareto y Jaime Jiménez, ambos DC, como presuntos autores de los delitos de cohecho, por haber solicitado y recibido dineros para interceder en favor de la reapertura de la planta; y Victor Manuel Rebolledo (PPD) por soborno. En el caso de éste último se descartó cohecho, ya que las gestiones ocurrieron cuando aún no era parlamentario. 

El caso Lavandero

En abril de 2005 la jueza de garantía de Temuco, Georgina Gutiérrez, desestimó decretar prisión preventiva contra el entonces senador desaforado de la DC, Jorge Lavandero, investigado por presunto abuso sexual contra cuatro menores de entre 8 y 13 años, entre los años 2000 y 2003.

En esa oportunidad se rechazó decretar la prisión preventiva, ya que según la jueza existían fundamentos suficientes para garantizar su comparecencia y colaboración con la justicia. Días después, se decretó el arresto domiciliario total contra Lavandero, la que fue cumplida en un condominio en Temuco. 

Con el fin de evitar un juicio oral, Lavandero reconoce los hechos que se le imputan y va a un juicio oral. En junio de 2005 Lavandero fue condenado en un juicio abreviado a cinco años de presidio. En 2008 accedió a la libertad condicional. 

Es debido a esta condena que Lavandero fue reemplazado en el Senado por el radical Guillermo Vásquez, quien juró el 17 de agosto de 2005 y concluyó su periodo en 2010.

Rosauro Martínez: detenido por un día

En septiembre de 2014 la Corte de Apelaciones de Valdivia sometió a proceso y ordenó la detención del desaforado diputado de RN , Rosauro Martínez, en el marco de la investigación por su presunta participación en el homicidio de tres militantes del MIR en 1981.  Un día después se otorgó la libertad bajo fianza.

El parlamentario se encuentra próximo a cumplir dos años desde que se decretó su desafuero. Si bien no puede asistir a las sesiones del Congreso, aún recibe su dieta y asignaciones para el trabajo en su distrito. 

La situación de Pinochet en Londres

Un caso especial en cuanto a parlamentarios que han perdido su libertad es el de Augusto Pinochet, quien en 1998, mientras era senador vitalicio, estuvo detenido en Londres. 

Con la intención de realizarse procedimientos médicos, el ex dictador se dirigió a Londres (Inglaterra) en octubre de ese año y fue arrestado por orden del juez español Baltasar Garzón, quien lo implicó en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Todo esto durante el gobierno militar.

Tras su detención por dos años, Pinochet volvió a Chile y tras aprobarse su desafuero llegó a estar en arresto domiciliario entre el 29 de enero de 2001 procesado por el caso de desapariciones conocido como "Caravana de la muerte".  El 12 de marzo de ese año Pinochet salió en libertad bajo fianza. 

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