Informes psicosociales positivos y bajo riesgo de reincidencia delictual. Esas consideraciones marcan el decreto de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que le concedió el indulto presidencial al exfrentista Jorge Mateluna y que causó polémica con la oposición y el propio Poder Judicial.
El decreto destaca las positivas evaluaciones a Mateluna de parte de Gendarmería durante su estadía en la cárcel, con buena conducta y un eventual buen porvenir en el exterior.
“Acta del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, de fecha 05 de septiembre de 2022, que sugiere conceder el beneficia al condenado Mateluna Rojas, considerando que el interno mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en Ia sociedad”, dice el decreto al que tuvo acceso T13.
Ministras Ríos y anuncio de acusación constitucional en su contra: “Estamos disponibles"
“Informe social, de 05 de septiembre de 2022, el cual señala que el solicitante Mateluna Rojas presenta un baja nivel de riesgo de reincidencia delictual. Asimismo, cuenta con red de apoyo estable que se constituye en un referente de contención socioemocional, además de contar con recursos personales y económicos ante una eventual puesta en libertad”, agrega.
Desde la oposición habían pedido conocer el decreto que incluso acusaron que podría ser inconstitucional.
El decreto también hace referencia a la “muy buena conducta” en la cárcel de Mateluna.
El caso de Mateluna, uno de los trece presos que recibieron el indulto presidencial el pasado 30 de diciembre, fue el más cuestionado por la oposición, e incluso se anunció una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Las palabras del propio Presidente, Gabriel Boric, fueron cuestionadas por el Poder Judicial, ya que el jefe de Estado dijo tener la convicción de que Mateluna era inocente, y aseguró que el juicio que lo condenó tuvo “irregularidades”.
*Los párrafos tachados corresponden a información confidencial resguardados en la Ley de Protección al Paciente.
