INDH apunta al Ministerio del Interior por pensiones de gracia: “El otorgamiento estaba radicado en Interior”
Agencia Uno - Instituto Nacional de Derechos Humanos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) responsabilizó al Ministerio del Interior por la entrega de pensiones de gracia a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y algunas de las cuales que fueron cuestionadas en un informe de la Contraloría General de la República.
“Cabe destacar que las leyes de Presupuesto de 2021 y 2022 encomendaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos que acreditara la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos a las personas que sufrieron lesiones en el contexto de la crisis de octubre de 2019. Al mismo tiempo, no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas”, explicaron desde el INDH en un comunicado.
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“El otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”, añadieron.
“Todas las pensiones otorgadas por decisión del Ministerio del Interior lo fueron en virtud de la glosa de personas de afectación en el marco de las manifestaciones. No lo fueron conforme a las glosas que mencionan al INDH. La evaluación o acreditación de lesiones y el menoscabo laboral que puedan ocasionar están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias”, insistieron.
Contraloría analizó los 421 casos de personas que reciben pensiones de gracia por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y detectó que 58 personas tenían condenas por delitos de distinta gravedad.
Algunos fueron condenados por pornografía infantil y abuso sexual, pero además se detectó que en diez de estos casos no habían informes médicos suficientes para acreditar su condición de víctimas que merecían este beneficio.
INDH responde por pensiones de gracia sin informe médico
Desde el INDH explicaron que enviaron nuevos antecedentes a Contraloría para intentar explicar por qué algunos casos no contaban con informes médicos, aunque no fueron considerados en el informe que el ente fiscalizador entregó al Ministerio del Interior.
“En cuanto a los 10 casos restantes en que la Contraloría mantuvo sus observaciones originales, el pasado 5 de enero el INDH le envió nuevos antecedentes, además de solicitarle la reconsideración para así dejar sin efecto la iniciación de un proceso disciplinario, planteado por el ente contralor”, dijeron desde el INDH.
UDI pedirá remoción de los consejeros del INDH que validaron pensiones de gracia cuestionadas por Contraloría
“Los antecedentes entregados por el INDH dan cuenta de la acreditación de la condición de víctima hecha por el Instituto, de acuerdo a los criterios establecidos para dicho procedimiento (ser víctima de violaciones de derechos humanos; hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019; que existiera relación con la crisis social; y plausibilidad o razonabilidad de la ocurrencia de menoscabo laboral)”, añadieron.
“El INDH además remitió a la Contraloría antecedentes referentes a diagnósticos de centros de salud y en dos casos Protocolo de Estambul realizados por el Servicio Médico Legal (instrumento de la ONU que permite acreditar casos de tortura), entre otros”, compelementaron.
La bancada de diputados de la UDI solicitó no sólo un sumario al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también la remoción de los consejeros del organismo encargado de acreditar los daños de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Recordemos que las pensiones de gracia fueron entregadas después del estallido social, por los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
