La bancada de diputados de la UDI anunció que solicitarán la remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la cuestionada entrega de pensiones de gracia a víctimas de la violencia estatal durante el estallido social, que fueron detectadas por la Contraloría General de la República.
“Esta grave situación no merece ser subsanada simplemente con un sumario administrativo que, como sabemos, no va a terminar en nada. Aquí hay una responsabilidad evidente de parte de los consejeros del INDH que actuaron fuera de la ley, por lo que no cabe más que solicitar su remoción por la negligencia manifiesta e inexcusable en la que incurrieron”, dijeron en un comunicado.
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El informe entregado por la Contraloría al Ministerio del Interior y a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados dice que de las 421 pensiones de gracias que se le entregaron a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, 58 personas tenían condenas por distintos delitos.
Entre ellos, algunos tenían más de diez condenas, pero otros ni siquiera presentaron un informe médico para confirmar que habían sido víctimas de distintos daños sufridos durante el estallido social.
Desde Renovación Nacional (RN) criticaron los recursos “despilfarrados por el Estado”, en estas pensiones de gracias y también solicitaron “poner cargos a disposición”.
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“Es tan contundente el informe de Contraloría que señala expresamente que la subsecretaría del Interior debe realizar sumarios administrativos, y el INDH también va a tener que realizar sumarios administrativos para poder determinar las responsabilidades administrativas correspondientes porque la liviandad, la desprolijidad y la negligencia con la cual se otorgaron estas pensiones de gracia es inaceptable”, dijo el diputado RN Andrés Longton.
El diputado de Amarillos Andrés Jouannet aseguró que era necesario “reformular el INDH”.
“Tenemos un problema con el INDH (...) El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un lugar ideológico que defiende ciertas posiciones ideológicas y que no están defendiendo los derechos humanos de todos los chilenos”, acusó.
Oficialismo se suma a las críticas a las pensiones de gracia
La diputada de Convergencia Social (CS) Lorena Fríes lamentó la situación y aseguró que las pensiones de gracia que fueron otorgadas de manera fraudulenta, es decir, aquellas que no tuvieron siquiera un informe médico, debían ser cuestionadas, pero pidió no relativizar las violaciones a los derechos humanos en Chile por este hecho.
“Gestión administrativa deficiente que debiera ir reparándose a través de medidas disciplinarias pero también con nuevos antecedentes que puedan aportar y concluir que también hay víctimas de violaciones a los derechos humanos”, dijo la diputada Fríes.
“No puede ser que se condiciones una reparación a una buena o mala conducta de una persona. Eso es negar los derechos humanos y que sea el gobierno quien define qué entendemos por derechos humanos”, explicó sobre quienes reciben pensiones y han cometido delitos.
