Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado contra alcaldes de Quirihue y Coelemu
Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado contra alcaldes de Quirihue y Coelemu
El Gobierno de Chile se querelló este miércoles contra el alcalde de Quirihue Richard Iribarra y el alcalde de Coelemu Alejandro Pedreros por Ley de Seguridad del Interior del Estado, luego que ambos ediles ordenaran bloquear los accesos a sus respectivas comunas, sin que la autoridad sanitaria hubiese ordenado cuarentena para aquellos lugares.
“Es un hecho extraordinariamente grave. Se cometieron delitos, bloqueando la ruta y el acceso a personas que tenían que acceder a atención sanitaria y atención hospitalaria. No sólo son hechos graves por lo que significa el bloqueo de la ruta, sino que también porque revelan una falta de humanidad gigantesca en un minuto en el que todos debemos ponernos a disposición de la autoridad sanitaria para colaborar”, dijo el ministro del Interior Gonzalo Blumel al anunciar la acción judicial.
“Lo que han hecho es inaceptable, no lo vamos a permitir, y por lo tanto nos vamos a querellar por Ley de Seguridad del Estado para que se apliquen las máximas sanciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico”, agregó el jefe de gabinete.
Ambas querellas fueron presentadas ante los juzgados de garantías respectivos en la región del Ñuble, mediante la intendencia.
El alcalde de Quirihue se le acusa de ordenar bloquear la ruta de acceso a la comuna en el cruce Vegas Verdes, mediante la interposición de un número indeterminado de vehículos fiscales de gran tamaño, y particulares, con la finalidad de impedir el paso del vehículo que trasladaba a los seis adultos mayores.
Al edil de Coelemu en tanto, de bloquear el sector Puente Itata con una maquinaria de la Municipalidad de Coelemu e impedir el supuesto paso de vehículos que trasladaban a eventuales pacientes infectados por coronavirus, lo que además fue descartado por el gobierno.
La acción judicial va dirigida contra Pedreros e Iribarra, pero también contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por el delito de atentar contra la seguridad del Estado “y de todos aquellos ilícitos que se logren determinar durante el transcurso de la investigación”.
