"El ministro acaba de señalar que fueron dichos personales y no del Gobierno. El gobierno no tiene una variación sobre el tema".
De esa manera la vocera Paula Narváez se desmarcó de los dichos del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien el fin de semana se había referido a la situación de los enfermos terminales que cumplen condena en las distintas cárceles del país.
En entrevista con el diario El Mercurio, Campos dijo que el tema era "de máxima importancia" y que le parecía "obvio que enfermos terminales o personas que padezcan enfermedades graves, salgan (de la cárcel)". Esto abrió un debate sobre la situación de los internos de Punta Peuco, quienes cumplen delitos por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar.
El tema fue tratado en el Comité Político de La Moneda y, en paralelo, el ministro Campos dio explicaciones sobre sus dichos, insistiendo en el planteamiento, pero a la vez que aclaró que fue a título personal.
"Lo que algunos leen es que estoy tratando de darle una solución a los internos de Punta Peuco, pero yo jamás me he referido a eso, mi afirmación es general. Estoy hablando de cualquier delincuente", dijo.
En esa línea, añadió luego que "mi modesta y humilde opinión es que respecto de los delincuentes que se encuentran afectados por una enfermedad terminal, debiesen tener derecho a morir en su casa por una causa humanitaria. Independiente del delito que hubiesen cometido. Pero es la opinión mía y es el parlamento el que decide".
Los dichos de Campos generaron las críticas de organismos como la Agrupación de Familiares de DEtenidos Desaparecidos, que los calificaron como "una burla". Parlamentarios como Sergio Aguiló (IC) y Hugo Gutiérrez (PC), presentaron por su parte una solicitud a la Corte Suprema para que no se otorguen más beneficios carcelarios a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Tras la reunión del Comité Político, la presidenta y senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, destacó la "necesidad de ser cuidadosos en un tema sensible".
A eso sumó que "entendemos que por las características de los delitos, de lesa humanidad y que se dan en características especiale tiene que haber un trato especial".
