Gobierno se abre a modificar ley corta de isapres pero advierte a que no habrá “espacio para que exista un perdonazo”
Agencia Uno - Ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric está abierto a modificar algunos puntos de la ley corta de isapres que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las instituciones de salud privada a pagar más de un billón de pesos a sus afiliados por cobros excesivos en sus planes de salud.
En conversación con radio Infinita, la ministra Vallejo aseguró que están esperando propuestas, más que críticas al proyecto del gobierno, y enfatizó que escucharán las ideas que no signifiquen un ‘perdonazo’ a las isapres.
“Siempre estamos disponibles a modificar elementos de nuestras propuestas (…) Hemos solicitado propuestas a quienes han sido críticos con el proyecto, por ejemplo la Asociación de Isapres. Ellos han asistido a plantear los problemas que ellos visualizan con el proyecto, pero no han planteado aún soluciones o propuestas”, planteó la ministra Vallejo.
“No nos parece que a través de una reforma constitucional se termine incumpliendo una sentencia de otro poder del Estado, eso podría tener problemas constitucionales. Hay que buscar caminos a través del diálogo”, añadió.
Desde el Ejecutivo cuestionaron el proyecto que presentaron los senadores del movimiento Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, y aseguraron que incumplía el fallo de la Corte Suprema.
“Creemos que podemos llegar a acuerdos, van a haber diferencias con la oposición, pero en la mayoría de los casos esperamos acuerdos para avanzar en la agenda de seguridad”, aseguró la ministra Vallejo.
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“No vamos a permitir que haya ‘perdonazo’, o que terminemos pagando con los impuestos de todos los chilenos una especie de salvataje, sea del 100% o un cierto porcentaje. No hay espacio para aquello”, complementó.
En el proyecto del Ejecutivo se le entrega un plazo de seis meses a las isapres para presentar una propuesta para pagar la deuda con sus afiliados, que asciende a 1,1 billón de pesos.
